Vox reclama al Gobierno que exija pruebas de edad para menores extranjeros no acompañados ante la "invasión migratoria"

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado, ante lo que califica como "invasión migratoria, dos proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados para el establecimiento de un marco para pruebas periciales a menores extranjeros no acompañados y para el cese de las ayudas de cooperación internacional a países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal y a organizaciones que la promuevan.

La formación recuerda que la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles (30,4% de los españoles), según señala el CIS; y que desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre "han entrado ilegalmente en España 37.970 inmigrantes, lo que supone un aumento del 49,1% respecto al mismo periodo del año 2023 y un aumento del 93,9% respecto al mismo periodo del año 2022".

En la iniciativa se explica que un total de 15.045 menores y jóvenes extutelados de edades comprendidas entre los 16 y los 23 años contaban con una autorización de residencia a finales de 2023, representando los marroquíes un 68% del total de jóvenes, siendo la inmensa mayoría varones (el 94% del total)

Vox señala que los centros de menores inmigrantes no acompañados en España "están desbordados, por lo que cobran especial importancia las pruebas de determinación de la edad que se realizan a los ilegales recién llegados, a efectos de repatriación por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, debiendo realizarse las pruebas oportunas mediante autorización del Ministerio Fiscal".

Para el grupo parlamentario, la determinación de la mayoría o minoría de edad "es sumamente importante, ya que de esta determinación dependen los derechos de los extranjeros que entran ilegalmente en territorio nacional".

Por todo ello, insta al Gobierno a promover la realización de pruebas periciales exhaustivas a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela de los gobiernos regionales, para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible y con la finalidad de evitar el fraude; y a impulsar la elaboración de un protocolo general para la determinación de la edad de los ilegales bajo tutela de los gobiernos regionales, que contemple la realización de pruebas periciales y médicas más exhaustivas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera (técnica del índice de Risser).

CESE DE AYUDAS A PAÍSES QUE NO COLABOREN

Por otro lado, Vox denuncia que la inmigración masiva de personas en edad adulta, con idiomas, religión, costumbres y una visión contraria o, cuando menos, ajena a los intereses y necesidades de Europa, y en concreto de España, "supone una voz de alarma que no ha sido atendida".

Ante el "incremento de delitos cometidos por inmigrantes ilegales" en España, la formación critica que "los números de expulsión de estos individuos son extremadamente bajos".

En concreto, detalla que en 2023 entraron de forma ilegal 57.000 personas y solo fueron expulsadas 3.000. "Durante las últimas décadas, se ha seguido una política errada consistente en transferir importantes fondos de cooperación a los principales países emisores de inmigración ilegal con el ánimo de incentivarles para combatir este fenómeno. Sin embargo, muchos de estos países, a pesar de recibir estos fondos de cooperación internacional, son reticentes a admitir la devolución de inmigrantes ilegales o, lo que es peor, ni siquiera establecen medidas para evitar la salida de estos inmigrantes de sus territorios", reza la iniciativa.

En la proposición no de ley, Vox insta al Ejecutivo a suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la lucha contra la inmigración ilegal o impida la repatriación de sus nacionales que hayan entrado de forma ilegal en España; y a exigir el cumplimiento de los acuerdos bilaterales suscritos con terceros países con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

También pide auditar todos los programas de la Cooperación Internacional y desechar todos aquellos que se desarrollen en países que no colaboren con España en la lucha contra la inmigración ilegal y endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal que trafican con seres humanos, así como contra empresas, ONG o particulares que colaboren con ellas.