El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, no ha acudido este miércoles a declarar ante la Oficina de Investigación Anticorrupción (CIO, por sus siglas en inglés) en relación con la polémica ley marcial declarada a principios de diciembre y que le ha costado la destitución.
Yoon había sido citado esta mañana a las 10.00 (hora local) en el marco de la investigación conjunta del COI, la Policía y el Ministerio de Defensa después de que el mandatario fuera acusado de presunta insurrección y abuso de poder por la ley marcial, que fue revocada por el Parlamento tan solo horas después de su entrada en vigor.
El presidente ha rechazado anteriormente dos citaciones emitidas en su contra, lo que ha llevado a la agencia anticorrupción a amenazar con tomar "medidas legales al respecto". Asimismo, los fiscales --que también han emitido varias citaciones sin éxito alguno de momento-- estudian la posibilidad de que existan indicios suficientes para lograr una orden de arresto en su contra.
No obstante, fuentes cercanas al asunto estiman que el interrogatorio de la Fiscalía podría quedar suspendido de momento, a la espera de que la investigación sea transferida del todo a la agencia anticorrupción para evitar la superposición de ambas pesquisas, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap, que apunta a que ambas entidades podrían coordinarse para interrogar a Yoon de forma conjunta.
Las investigaciones por la ley marcial han llevado de momento a la detención del exministro de Defensa Kim Yong Hyun, que habría intentado quitarse la vida en prisión, y el jefe del Mando de Contrainteligencia, entre otros.
Yoon, que ha pedido perdón por lo ocurrido, sigue defendiendo su decisión, adoptada con el fin de "proteger" al país de "fuerzas contrarias al Estado". No obstante, el texto de la moción aprobada el sábado incluye acusaciones en su contra por dar directrices a las fuerzas de seguridad para detener a diputados opositores durante las pocas horas en que estuvo vigente la ley marcial, una decisión por la que ya han tenido que disculparse varios altos cargos, entre ellos el exministro de Defensa y el propio presidente.