Quito, 16 dic (EFE).- Un juez de Ecuador inició este lunes la evaluación a la acción de protección presentada por una comunidad para detener las obras de una de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir, bajo un modelo que se ha comparado con el de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
La audiencia, que fue aplazada por el juez para el viernes, estudiará la demanda presentada por la comunidad Bajada de Chanduy, cercana a la zona, en la costera provincia de Santa Elena, donde desde el mes de junio se está construyendo el centro penitenciario.
La comunidad se declara como nativa de la zona y alega tener el derecho a que el Estado ejerza una consulta previa sobre el proyecto carcelario en su territorio, conforme disponen la legislación nacional ecuatoriana para las comunidades indígenas.
La cárcel de Santa Elena es una de las dos prisiones de máxima seguridad que Noboa prometió construir para líderes criminales, bajo un esquema similar al acuñado desde El Salvador por Bukele.
La otra se ha proyectado inicialmente en la Amazonía pero, tras 15 días consecutivos de protestas de organizaciones indígenas y colectivos sociales, el Gobierno anunció ese mismo lunes que dicha prisión ya no se construirá en ese lugar y que valora hacerlo en Salinas, balneario situado también en la provincia de Santa Elena.
Para la cárcel de Santa Elena, ya en marcha, fue el mismo Noboa quien puso en junio la primera piedra que dio inicio a la construcción de este centro penitenciario que se levanta sobre un terreno de 16,2 hectáreas y con una inversión de 52 millones de dólares.
Está previsto que la cárcel esté lista en 300 días y que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40.000 pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza también en respuesta a la crisis penitenciaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 reclusos.
Muchos de los muertos se han presentado en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen el control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra el crimen organizado.
Uno de los últimos enfrentamientos se produjo el pasado 3 de diciembre, donde 11 personas resultaron heridas, entre ellos nueve reclusos, un militar y un guardia carcelario, debido a la detonación de tres granadas dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, en Guayaquil. EFE
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