Asunción, 10 dic (EFE).- El "cierre" de los espacios de debate político con la participación de la sociedad civil fue el reclamo que aglutinó este martes a diversas organizaciones sociales que marcharon para alertar sobre un supuesto retroceso de la democracia en Paraguay.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones de trabajadores, estudiantiles, campesinas, de mujeres y de la comunidad LGBT se tomaron las calles del centro de Asunción y denunciaron un "cierre de los espacios de debate democrático y políticos para la construcción de políticas".
"Todas las organizaciones que han acudido en el llamado de la marcha coinciden en que este Gobierno ha demostrado con sus acciones un desarrollo autoritario del poder, que se han cerrado los espacios de debate y discusión política sobre políticas públicas o proyectos de leyes que les afectan", expresó a EFE el secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón.
El dirigente advirtió que "Paraguay se encuentra en un proceso de regresión democrática" y mostró su preocupación por la supuesta persecución en contra de la sociedad civil.
"La situación es preocupante y además es más preocupante porque existe una persecución a la sociedad civil y una búsqueda de restricción y de desalentar el ejercicio y el derecho a la participación en la sociedad", denunció.
El coordinador legal de Amnistía Internacional en Paraguay, Hugo Valiente, coincidió en que este año "el común denominador" que los une "es el grave proceso de cierre de espacios cívicos", junto al ataque a organizaciones y la aprobación de leyes como la del control de oenegés nacionales o extranjeras que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó en noviembre pasado.
"Esto se enmarca en un escenario más amplio de deriva autoritaria de la sociedad paraguaya", indicó a EFE el activista.
Por otro lado, Valiente declaró que Paraguay niega el derecho al reconocimiento legal a personas trans y del colectivo LGBT, quienes -dijo- son expuestas en los tribunales a "hostigamiento, humillación y tratos degradantes".
"Hasta este momento el Poder Judicial paraguayo no resuelve o está resolviendo de manera negativa un derecho que estas personas ya tienen ganado por los avances que tuvimos en el derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo, en Paraguay no se pone al día con esas obligaciones", señaló.
También advirtió sobre las restricciones en el acceso al derecho a la salud debido a una "grave crisis" de financiamiento.
"Lo que nosotros estamos exigiendo es un nuevo pacto fiscal que permita financiar mediante una mejor recaudación el sistema de salud universal y gratuita que merecemos", afirmó. EFE
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