Comunidad de Ecuador busca que Justicia detenga construcción de cárcel al estilo Bukele

Guayaquil (Ecuador), 9 dic (EFE).- Una comunidad rural de la costa de Ecuador acudió a la Justicia para buscar que se detenga la construcción en las cercanías de su población de una de las dos cárceles de máxima seguridad que el presidente Daniel Noboa busca erigir bajo un modelo que ha sido comprado con el de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador.

Habitantes de la comunidad Bajada de Chanduy, en la costera de Santa Elena, interpusieron una acción de protección con el objetivo de que la Justicia ecuatoriana ordene la detención de la construcción de la prisión que Noboa ha denominado como la 'Cárcel del Encuentro', a similitud del lema usado por el Gobierno de su predecesor, Guillermo Lasso (2021-2023).

El recurso legal fue presentado en contra del Ministerio de Ambiente y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la institución del Estado que está a cargo del control y la administración de las prisiones ecuatorianas.

Con la acción judicial, los comuneros de Bajada de Chanduy, que cuentan con el apoyo de decenas de organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, buscan que se proteja el derecho a la consulta previa, libre e informada al presentarse como una comunidad con raíces indígenas que reclama la pertenencia de esas tierras, pues aseguran que sus ancestros se establecieron en ese lugar desde antes de la colonización.

Este tipo de consultas se aplican a los proyectos que se realizan en territorio indígenas para obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes.

Además, buscan proteger el derecho de la naturaleza. "La cárcel está siendo construida en un ecosistema de bosque seco tropical, que está protegido por la Constitución como titular de derechos, lo que pone en riesgo a decenas de animales y ríos", señaló en la red social X el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una de las organizaciones que acompaña a los denunciantes.

 Cárceles al estilo Bukele

La cárcel de Santa Elena es una de las dos prisiones de máxima seguridad que Noboa prometió construir para líderes criminales, con un modelo similar al acuñado desde El Salvador por su homólogo, Nayib Bukele. La otra se ha proyectado en la Amazonía, donde desde hace una semana hay protestas de colectivos indígenas que también se manifiestan en contra y exigen una consulta previa.

Para la cárcel de Santa Elena fue el mismo Noboa quien puso en junio la primera piedra que dio inicio a la construcción de este centro penitenciario que se levanta sobre un terreno de 16,2 hectáreas y con una inversión de 52 millones de dólares.

Está previsto que la cárcel esté lista en 300 días y que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40.000 pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)

La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza también en respuesta a la crisis carcelaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen en control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra el crimen organizado.

Uno de los últimos enfrentamientos se produjo el pasado 3 de diciembre, donde once personas resultaron heridas, entre ellos nueve reclusos, un militar y un guardia carcelario, debido a la detonación de tres granadas dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, en Guayaquil.

Reclaman estudio de impacto ambiental

 El CDH también denunció que "no se ha realizado ningún estudio de impacto ambiental para este proyecto", un asunto clave en la zona, pues el bosque seco tropical "ha sido declarado como zona de protección por el Parlamento Andino de la Comunidad Andina de Naciones".

 Otro aspecto clave de la demanda, agregó la organización, es la protección del patrimonio cultural. "Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en la zona adjudicada podrían existir sitios arqueológicos que están en riesgo", mencionó.

"La lucha de la comuna ancestral Bajada de Chanduy es un recordatorio de la importancia de proteger nuestros derechos colectivos, el medio ambiente y nuestro patrimonio cultural. ¡Exigimos que se detenga la construcción de la cárcel y que se respeten los derechos de la comuna y la naturaleza! La consulta previa no es opcional, es un derecho", reclamó la CDH.

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