España alerta en la CIJ que la crisis climática es “un poderoso multiplicador de amenazas”

La Haya, 4 dic (EFE).- El Gobierno español advirtió este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la emergencia climática es un “poderoso multiplicador de amenazas” a nivel global y le instó a emitir “una respuesta basada en un enfoque de derechos humanos” a la hora de determinar la responsabilidad legal de los países hacia el cambio climático.

En su turno de la palabra en las audiencias en curso ante la CIJ, España avisó de que es “uno de los Estados más vulnerables” al calentamiento global y recordó haber sufrido “uno de los peores desastres naturales de su historia” en Valencia, que “habría sido menos probable y menos intenso sin los efectos del cambio climático” según las investigaciones preliminares.

“Consideramos necesario que la CIJ proporcione, en su opinión consultiva, una respuesta basada en un enfoque de derechos humanos en la lucha contra el cambio climático y la protección ambiental”, añadió Oriol Solá Paradell, de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio español de Exteriores.

Además, aseguró que esta “emergencia climática constituye un poderoso multiplicador de amenazas que agrava las vulnerabilidades e injusticias, afectando de manera desproporcionada a grupos ya vulnerables”, incluidas personas mayores y con discapacidades, comunidades costeras, pueblos indígenas, habitantes de pequeños Estados insulares y personas en situación de pobreza.

“La crisis ambiental es una crisis social global con un impacto directo en la protección y el disfrute de los derechos humanos, así como en la erradicación de la pobreza y la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (…) Consideramos necesario que la CIJ proporcione, en su opinión consultiva, una respuesta basada en un enfoque de derechos humanos en la lucha contra el cambio climático y la protección ambiental”, subrayó Solá Paradell.

En este sentido, España defendió en sus argumentos ante la CIJ “el derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible” y aseguró que esta interpretación podría ayudar a la CIJ a formar su opinión consultiva sobre el tema, aumentando “la coherencia del sistema de derechos humanos”.

Paradell mencionó que el artículo 45 de la Constitución española protege el “derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo personal”, y, además, las autoridades “deben garantizar el uso racional” de todos los recursos naturales, basándose en “la solidaridad colectiva esencial”. Al mismo tiempo, subrayó como “urgente” identificar medios innovadores para mejorar la protección ambiental.

Santiago Ripol Carulla, jefe de la Asesoría Jurídica, defendió que la protección del medioambiente es “una preocupación común de la humanidad”, lo que hace de la protección del medioambiente “un motor de cooperación entre los Estados”.

No obstante, subrayó que ninguno de los regímenes legales disponibles “parece suficiente para abordar los múltiples y graves problemas del cambio climático en toda su complejidad”.

En el mayor caso jamás presentado ante esta Corte, los 15 jueces del órgano judicial de Naciones Unidas escucharán hasta el 13 de diciembre los argumentos de 98 países y 12 organizaciones para emitir una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de marzo de 2023 respondiendo a una serie de preguntas.

Los magistrados deberán identificar las obligaciones de los Estados, según el derecho internacional, a la hora de proteger a otros países y a las generaciones futuras de los efectos catastróficos de “las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero”.

También deberán definir “las consecuencias legales” en casos de “actos y omisiones” por parte de los Estados de las obligaciones identificadas, en particular hacia los pequeños insulares, que, por su geografía, se vean perjudicados por las consecuencias. EFE