El Gobierno brasileño homologa tres nuevas tierras indígenas

Brasilia, 4 dic (EFE).- El Gobierno brasileño homologó este miércoles tres nuevas tierras indígenas, con lo que llega a trece delimitadas desde enero del año pasado, cuando asumió el poder el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Si un día preguntan cuál fue mi legado, habrá que decir que fui el tipo que volvió a delimitar tierras indígenas en este país", dijo Lula en una clara alusión a su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que interrumpió esos trámites pese a que son impuestos por la Constitución nacional.

En la ceremonia fueron homologados un territorio ubicado en el noreste y otros dos en el sur del país, cuya propiedad era reclamada por los indígenas desde hace décadas.

Una es la Tierra Indígena Monte-Mor se sitúa en el estado de Paraiba (noreste), abarca 7.530 hectáreas y está ocupada por 5.799 miembros de la tribu potiguara.

Otro territorio, conocido como Morro dos Cavalos, está en el sureño estado de Santa Catarina, tiene 1.983 hectáreas y lo habitan 200 indígenas de las etnias guarani mbya y nhandeva.

La tercera región indígena delimitada este miércoles, denominada Toldo Imbu, está también en Santa Catarina y abarca 1.960 hectáreas en las viven 731 indígenas de la etnia kaingang.

Según datos oficiales, los indígenas ocupan cerca del 14 % del territorio del país, distribuidos en 610 reservas, de las cuales unas 110 aún no han sido delimitadas.

Pese al mandato constitucional, la regularización de esas tierras se paralizó por completo entre 2019 y 2022, durante la gestión de Bolsonaro, quien además incentivó la explotación de minerales en la Amazonía, donde se sitúa la mayoría de esos territorios.

La falta de delimitación de esas tierras ha provocado numerosos conflictos en las últimas décadas, provocados en la mayoría de los casos por hacendados que las han ocupado por la fuerza.

Muchos de esos terratenientes, con fuerte influencia política, han logrado que el Parlamento apruebe una ley que limita el derecho de los indígenas a las tierras que ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución, lo cual excluye regiones de las que los pueblos originarios fueron expulsados anteriormente.

Esa ley ha sido contestada por organizaciones indígenas ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esa nueva normativa.EFE