El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha expresado sus dudas sobre la pertinencia de la aprobación de una nueva ley endureciendo los castigos contra las mujeres que no cumplan con el estricto código de vestimenta, que está a la espera de su ratificación durante las próximas dos semanas, después de las masivas movilizaciones tras la muerte bajo custodia en 2022 de Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.
"Como persona responsable de promulgar esta ley, tengo numerosas reservas sobre este tema", ha dicho, antes de afirmar que "hay dudas y ambigüedades" sobre la aplicación de esta legislación. Así, ha explicado que "intentando arreglar algo, pueden dañarse muchas otras cosas con esta intervención".
Pezeshkian ha sostenido que ha habido "muchas discusiones" en torno a la aplicación de la legislación, ya aprobada por el Parlamento, y ha apostado por continuar con las "conversaciones" para "preservar los principios y valores religiosos sin hacer nada que altere el consenso y genere descontento en el seno de la sociedad".
"Estamos trabajando en este asunto y hay muchos puntos sobre los que tengo preguntas", ha reiterado el mandatario, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. "Si no puedo defender bien lo que tengo que hacer, podría ser peor. Los que van a aplicar la ley deben tener la capacidad, creencia y capacidad de adoptarla", ha dicho.
El proyecto de ley está a la espera de la firma del mandatario para entrar en vigor, algo que debería tener lugar antes del 13 de diciembre, lo que activaría una nueva batería de penas y castigos para las mujeres que violen el código de vestimenta, controlado por agentes de la conocida como 'Policía de la Moral'.
El presidente iraní, de tendencia reformista, abogó durante su campaña electoral con retirar de las calles a la 'Policía de la Moral' y defendió la necesidad de abordar desde un punto de vista más abierto el código de vestimenta, tras criticar la actuación de las fuerzas de seguridad después de la muerte de Amini.
El fallecimiento de la joven, miembro de la minoría kurda, desató una oleada de manifestaciones a nivel nacional que dejaron cerca de 500 muertos, según organizaciones no gubernamentales, mientras que los tribunales han condenado a muerte a varias personas por su papel en las protestas, algunas de las cuales han sido ya ejecutadas.