La Paz, 3 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo este martes que "no habrá impunidad" contra quienes atenten contra los intereses del país, tras la sentencia dictada contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la aprobación de más de un centenar de contratos petroleros sin el aval del Parlamento nacional.
En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario señaló que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "representa un mensaje contundente de la justicia boliviana: no habrá impunidad para quienes atenten" contra la "soberanía, intereses, patrimonio y recursos naturales" de los bolivianos.
Arce señaló que Sánchez de Lozada y tres de sus exministros, a los que calificó de "cómplices" del expresidente, fueron sentenciados por "la firma inconstitucional y sin la debida autorización" de los contratos petroleros "en favor de empresas transnacionales".
"Tras 19 años de lucha incansable, ¡se hizo justicia y con esto se sienta un precedente muy importante respecto a nuestros recursos naturales y su administración en función al interés colectivo!", añadió.
El Gobierno de Arce informó en esta jornada que el TSJ sentenció a Sánchez de Lozada a seis años y tres meses de cárcel y dio cinco años a los exministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López, por los delitos de "conducta antieconómica e incumplimiento de deberes".
La sentencia se enmarca en el caso conocido como 'Petrocontratos', iniciado en 2005 a instancias del expresidente Evo Morales (2006-2019) cuando era diputado, y el juicio de responsabilidades fue aprobado por la mayoría oficialista en el Legislativo en 2010.
El caso investigó a las exautoridades por haber supuestamente favorecido a trasnacionales petroleras causando un daño económico al Estado al haber aprobado 107 contratos de venta, exploración y explotación de hidrocarburos sin la autorización del Legislativo.
El Ministerio de Justicia indicó más temprano que la sentencia "marca un hito en la lucha contra la corrupción y quedará grabada en la memoria colectiva como un logro del pueblo boliviano en su incansable lucha por la verdad, la justicia y la garantía de no repetición".
También consideró que es un "acto de justicia esperado y ansiado" largamente y que "habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados", que están fuera del país.
Sánchez de Lozada, de 94 años, vive en Estados Unidos desde 2003, cuando renunció a la Presidencia y salió de Bolivia en medio de la convulsión social conocida como el 'octubre negro' que se saldó con más de 60 muertes.
Esas muertes ocurrieron durante la represión militar y policial de la revuelta social contra la decisión del exgobernante de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno. EFE