Corte civil de El Salvador condena a expresidente del Congreso por enriquecimiento ilícito

San Salvador, 29 nov (EFE).- Una cámara de lo civil de El Salvador condenó el viernes al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes (2011-2015) y su esposa, Susy Melba Rodríguez, por enriquecimiento ilícito, por lo que deberá devolver al Estado 267.792 dólares, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un representante de la FGR, cuya identidad no fue revelada por seguridad, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador estableció en su fallo "la existencia del enriquecimiento ilícito".

Agregó que Reyes, que estuvo al frente de la Asamblea Legislativa bajo la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

La fuente explicó que Reyes no logró "desvanecer todas la irregularidades que le fueron cuestionadas" y que se habrían detectado en una investigación de sus declaraciones patrimoniales al dejar de ejercer cargos públicos.

Inicialmente, la Fiscalía demandó a Reyes, por orden de la Corte Suprema de Justicia, por el enriquecimiento ilícito de 459.714 dólares, al igual que su esposa e hijo, a quienes se les cuestionó el origen de unos 13.000 dólares.

El exlíder del Congreso, guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño, que junto a otras organizaciones insurgentes formó el la guerrilla del FMLN, fue diputado entre 2006 y 2015.

Posteriormente fue presidente del estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).

De acuerdo con medios locales, Reyes se encuentra asilado en México, por lo que la Interpol no pudo ejecutar una orden de captura en su contra por un proceso penal en su contra.

En marzo pasado, también fue condenada civilmente la expresidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña y a su hija, Ana Virginia Guardado, al pago de más de 150.760 dólares por enriquecimiento ilícito.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema recoge las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al tomar posesión de sus cargos y al concluir la gestión para determinar si existen irregularidades o indicios de enriquecimiento ilícito.

Estos análisis han derivado en procesos civiles y penales en los que han sido condenados altos funcionarios, como los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). EFE