El respaldo a la proposición de ley del suicidio asistido divide al Ejecutivo de Starmer

Londres, 29 nov (EFE).- La aprobación de la proposición de ley del suicidio asistido este viernes en el Parlamento británico por 330 votos a favor frente a 275 en contra dividió al Ejecutivo laborista del primer ministro británico, Keir Starmer, con partidarios y detractores de la futura norma en su gabinete.

El propio Starmer, que hasta ahora había mantenido una posición neutra, se posicionó a favor del llamado proyecto de ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales que no está propuesto en nombre del Gobierno, sino que está abanderado a título personal por la diputada laborista Kim Leadbeater.

En este sentido, un portavoz de Downing Street -oficina del primer ministro británico- clarificó en un breve comunicado tras la votación que "la posición del Gobierno permanece neutra y respetará la voluntad del Parlamento".

Una diferencia de 55 votos permitió este viernes que el texto prosiga su trámite parlamentario, con la presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores (alta), previo a un voto final que aún tardaría meses.

Al considerar los partidos que se trataba de un asunto de conciencia, cada diputado expresó su opinión de forma libre y sin disciplina de voto, lo que llevó a disparidad de puntos de vista incluso entre los ministros del Ejecutivo laborista, donde quince de sus miembros del gabinete respaldaron la proposición de ley frente a los ocho que expresaron su negativa.

Entre los partidarios, además del propio Starmer, también se incluyeron la ministra de Economía Rachel Reeves y la de Interior, Yvette Cooper, entre otros.

Entre los detractores, la viceprimera ministra británica, Angela Rayner; el ministro de Sanidad, Wes Streeting o los titulares de Justicia y Asuntos Exteriores, Shabana Mahmood y David Lammy.

También se observaron diferencias en el Partido Conservador, pues mientras que el ex primer ministro Rishi Sunak se mostró a favor de la proposición de ley, la actual líder 'tory', Kemi Badenoch, votó en contra.

A diferencia de propuestas anteriores, este texto impone más requisitos a los interesados y convierte en delito, con penas de hasta 14 años por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella.

Los interesados deben ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses y estar en capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo "claro, firme e informado y libre de coerción o presión".

Los afectados tendrán que hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, y deberán someterse a la evaluación de dos médicos y obtener una orden judicial.

El texto aprobado dispone que, aunque un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser la persona misma quien lo tome y nadie más estaría autorizado a administrarlo. EFE

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