Jueces y policías entre 20 condenados en Ecuador por red de corrupción del 'narco' Norero

Quito, 25 nov (EFE).- Jueces, fiscales provinciales, policías de alto rango y funcionarios de prisiones se encuentran entre los nuevos 20 condenados a prisión este lunes por formar parte del caso Metástasis, la red de corrupción en el aparato judicial, policial y carcelario establecida por el difunto narcotraficante y líder criminal Leandro 'el Patrón' Norero, asesinado en prisión en 2022.

Entre los sentenciados, que recibieron penas desde los 3 años y 4 meses de cárcel hasta los 10 años de prisión, se encuentran el exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador Wilman Terán, así como el general de la Policía Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la institución penitenciaria del Estado encargada del control y administración de las cárceles ecuatorianas.

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró culpables de delincuencia organizada a 20 de los veintiún acusados, dentro de un caso donde previamente otras doce personas ya fueron condenadas en juicios abreviados, al admitir los acusados su culpabilidad en los hechos y colaborar con la Justicia a cambio de una importante reducción de la pena.

Esta trama saltó a la luz a finales de 2023 con un gran operativo en el que fueron detenidas alrededor de medio centenar de personas, entre ellas Terán, después de que la Fiscalía descubriera actos de corrupción cometidos por jueces, policías y funcionarios de prisiones al analizar las comunicaciones telefónicas de Norero.

Terán fue condenado a 9 años y 4 meses de cárcel porque, "en su calidad de juez de la Corte Nacional, facilitó la manipulación del habeas corpus a favor del hermano de Norero, retrasando su tramición a cambio de dinero", según detalló el Ministerio Público, que durante los 29 días que duró el juicio presentó 33 pruebas testimoniales y 76 documentales.

Gabriel Terán, abogado y padre de Wilman Terán, manifestó a medios locales su rechazo a la condena de su hijo y apuntó a demandar al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Es un insulto a la inteligencia y a la dignidad humana, porque no se comparece a las pruebas que se evacuaron. Lo único que están dando es el camino para enjuiciar al Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el camino que nos impone el Estado con esta clase de sentencias", dijo Gabriel Terán.

La máxima pena de esta sentencia, de 10 años de cárcel, recayó sobre el abogado Xavier Novillo ('Novita'), declarado líder de la trama, pues según la valoración de los jueces "dirigió una red de influencias en el poder judicial de Guayas (provincia cuya capital es Guayaquil) y, mediante comunicación directa con Norero, participó en el pago de sobornos para beneficiar al narcotraficante y a su familia.

A Pablo Ramírez se lo condenó porque, de acuerdo a la Fiscalía, "otorgó favores administrativos penitenciarios a Norero a cambio de beneficios económicos" y "autorizó la salida del reclusorio de Santiago M. ('Madrid') y John N. ('Cuyuyui')" a raíz de una orden judicial de excarcelación dictada por un juez a cambio de 200.000 dólares, motivo por el que también fue condenado el magistrado.

Otra condenada por este caso es Claudia Garzón, quien fue parte de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación de las cárceles ecuatorianas, que desde 2021 son escenario de una serie de masacres, la mayoría atribuidas a disputas entre bandas criminales rivales.

Según el Ministerio Público, Garzón "otorgó tratos privilegiados a Norero y llevó a cabo actividades de colaboración aún después de finalizar su función como comisionada".

Los jueces ordenaron el pago de una indemnización por parte de todos los condenados, cuyo monto será notificado por escrito, mientras que también dispusieron la confiscación de acciones, participaciones y demás derechos que tengan las sociedad y empresas involucradas también en el caso.

Asimismo, el tribunal solicitó a la Fiscalía investigar a varias personas que fueron nombradas en la causa, para determinar o no responsabilidades.

De acuerdo con la Policía ecuatoriana, Norero se encargaba desde la cárcel de financiar y auspiciar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales, que buscaban desplazar la hegemonía de la criminalidad organizada que ostentan Los Choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país suramericano. EFE