Nueva querella contra el Rey Juan Carlos por delitos contra la Hacienda Pública

El Rey Juan Carlos vuelve a estar en el ojo del huracán semanas después de la filtración de sus fotografías y sus audios privados con Bárbara Rey. Tras el escándalo desatado por los asuntos de Estado y cuestiones familiares que reveló a mediados de la década de los 90 a la vedette cuando pensaba que no estaba siendo grabado, el Emérito sufre un nuevo revés después de que cinco magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción ya jubilados, y diferentes intelectuales -entre los que se encuentran expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas- hayan presentado una querella criminal en su contra por cinco presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos entre 2014 y 2018.

Una denuncia en la que se argumenta que las dos regularizaciones fiscales que el padre del Rey Felipe VI presentó a la Agencia Tributaria en los años 2020 y 2021 -pagando un total de 5 millones de euros- y que la Fiscalía General del Estado dio por buenas en 2022, no cumplirían con los requisitos legales, ya que se habrían efectuado cuando al Monarca se le había notificado en dos ocasiones que había una investigación abierta en su contra por hechos con "relevancia tributaria".

Y al tener cononocimiento de que estaba siendo investigado, realizó una autoliquidación de las rentas correspondientes a dichos ejercicios fiscales -de 2014 a 2018- tras no haber declarado en su momento los millonarios ingresos que habría recibido a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Álvaro d'Orleans.

Los querellantes creen que estos delitos fiscales no habrían pescrito todavía, y su regularización no se habría ajustado a la legalidad; y ponen de relevancia que el Emérito ya no sería inviolable ante la ley puesto que abdicó antes de presuntamente cometerlos entre 2014 y 2018. De ahí que soliciten que Don Juan Carlos sea llamado a declarar desde su domicilio de Abu Dabi por cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública, que podrían estar castigados con penas de dos a seis años de prisión, y millonaria multa económica.

"El 19 de junio de 2014 todo cambia, se produce la abdicación y por tanto pierde la inviolabilidad y pasa a ser aforado de la sala segunda. Lo que realmente pretendemos es que se demuestre o que se admita que las regularizaciones fiscales de las declaraciones de la renta de 2014 a 21018, no se hicieron con arreglo a la ley. Por tanto, en un estado democrático el que tiene la última palabra es el Tribunal Supremo. Habrá quien piensa que hemos tardado, pero es una cosa compleja y ha habido circunstancias que nos la han retrasado hasta ayer", ha expresado José Antonio Martín Pallín, uno de los denunciantes, en declaraciones a TVE.