Nairobi, 25 nov (EFE).- Las autoridades de Kenia no han garantizado justicia por el "asesinato de al menos 31 personas" y otros abusos cometidos por la Policía durante las protestas antigubernamentales ocurridas entre marzo y julio de 2023, afirmaron este lunes Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
“La Policía keniana mató, hirió y maltrató de forma descarada e ilegal a manifestantes y transeúntes, incluidos muchos niños”, aseveró el director adjunto para África de HRW, Otsieno Namwaya, en un comunicado.
Ambas ONG publicaron un informe titulado “Injusticia sin control: La represión de las protestas de 2023 en Kenia”, que recoge 226 entrevistas a supervivientes y testigos en diez condados de Kenia, incluida la capital, Nairobi.
El informe documenta que la Policía cometió graves abusos contra los derechos humanos en respuesta a las protestas en todo el país, en su mayoría pacíficas, lideradas por la oposición.
Las manifestaciones fueron provocadas por el alto costo de la vida y presuntas malas prácticas electorales tras las elecciones generales de agosto de 2022.
La Policía usó gas lacrimógeno de forma “desproporcionada e indiscriminada” cerca de escuelas, centros médicos y áreas residenciales en las que provocó la muerte de al menos dos niños por la inhalación de dicho gas, según el informe.
La Policía del condado de Kisumu (oeste), además, “golpeó, intimidó y amenazó” a quienes encontró durante los registros domiciliarios que llevó a cabo en julio del año pasado, y provocó la muerte de tres personas a causa de las heridas de las palizas.
Al menos cuatro testigos informaron a HRW de “la infiltración de individuos que portaban machetes, porras de madera y palos y trabajaban en coordinación con agentes de policía” en Nairobi.
La Autoridad de Supervisión Policial Independiente (IPOA), un organismo civil fundado en 2011 con presupuesto del Estado, indicó a AI y HRW que “al menos 67 personas murieron desde que comenzaron las protestas en marzo hasta julio de 2023”.
Por ello, HRW pidió al presidente de Kenia, William Ruto, que garantice a este organismo poder trabajar “de forma independiente” y que cree una comisión de investigación para indagar en los abusos policiales, determinar las unidades responsables y identificar a los agentes implicados.
El director ejecutivo de AI en Kenia, Irungu Houghton, recalcó que las autoridades kenianas deben acometer reformas centradas en las personas y los derechos humanos.
“Podrían empezar por poner fin a la impunidad de los abusos policiales durante las protestas y promulgar remedios tangibles para abordar los efectos negativos de las políticas económicas del Gobierno”, concluyó Houghton. EFE
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