La Justicia de Chile ordena indemnizar con 60 millones de pesos a un funcionario torturado durante la dictadura

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha fallado a favor de indemnizar con 60 millones de pesos (unos 60.000 euros) a Andrés Octavio Mancilla Cárdenas, que fue detenido por agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a la salida de su trabajo en el Ministerio de Obras Públicas en marzo de 1975 y sometido a torturas en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet.

En un fallo unánime el tribunal ha considerado que Mancilla, que fue conducido al cuartel Terranova (Villa Grimaldi), donde fue sometido a interrogatorios bajo tortura y luego derivado a los centros de detención de Cuatro Álamos, Tres Álamos y Puchuncaví, sufrió una vulneración de sus Derechos Humanos por parte de agentes del Estado de Chile.

"En este escenario (...) solo quedaba por dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos", ha indicado el Poder Judicial de Chile en un comunicado en el que se estima que esta cuantía responde también a las "consecuencias psicológicas que se han ido agudizando con el paso del tiempo".

El tribunal ha determinado que Mancilla fue secuestrado por cinco miembros de la DINA cuando salía de su trabajo en el ministerio de Obras Públicas, quienes lo subieron a un vehículo, lo vendaron y lo trasladaron a Villa Grimaldi, un centro clandestino de torturas a las afueras de Santiago.

En el lugar, la víctima fue interrogada y sometida a distintos tipos de torturas, principalmente en lo que se denominaba "parrilla", una cama de metal usada por el régimen para electrocutar a los detenidos. Asimismo, recibió golpes y fue sometido a una ejecución simulada. Estuvo encarcelado siete meses hasta su puesta en libertad ese mismo año.

La Justicia considera que estos delitos no prescriben a pesar del tiempo transcurrido dado que se enmarcan en violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura.