Quito, 22 nov (EFE).- Actores estatales como alcaldes, políticos locales o líderes eclesiásticos son en gran medida quienes ejercen violencia digital de género contra defensoras medioambientales y de los derechos humanos en Ecuador, según un reciente informe de la Fundación Multitudes.
Esta es la principal conclusión que se desprende del estudio ‘Violencia digital de género contra las mujeres defensoras de los derechos medioambientales y los derechos humanos en América Latina’, que la mencionada fundación elaboró sobre Colombia, Ecuador y Perú, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
“En Ecuador, muchos de los actores y perpetradores de la desinformación, el hostigamiento y la violencia digital de género contra defensoras ambientales incluye actores estatales, como políticos locales y líderes eclesiásticos, quienes desacreditan la labor de estas mujeres”, afirmó a EFE la coordinadora de alianzas estratégicas de la Fundación Multitudes, Laura Martínez Quijano.
La investigación se llevó a cabo en septiembre de este año y los datos fueron recabados mediante grupos focales y entrevistas a defensoras de diferentes rincones del país.
Martínez Quijano lamentó que, aunque Ecuador “tiene un marco legal relevante en el que se reconocen los derechos de la naturaleza, la discriminación de género y los delitos de odio”, no se cumple con la legislación en su totalidad, lo que deriva en que las víctimas de la violencia digital de género no sean debidamente atendidas, dijo.
Preguntada por la naturaleza de este tipo de ensañamiento, Martínez Quijano aseguró que “no es un fenómeno aislado” y que “se percibe como una extensión de la violencia fuera de línea”.
Aseveró que la desinformación es la principal manifestación en el país de este tipo de vulneraciones contra las defensoras medioambientales. De este modo “se perpetúan ataques a las defensoras basados en su identidad y no tanto en sus ideas”, agregó.
A este respecto, explicó que el anonimato que brinda Internet y las redes sociales hace que este hostigamiento aumente. Y compartió que en los momentos en los que las defensoras adquieren mayor notoriedad pública es cuando más violencia digital reciben.
Pero más allá de la desinformación, Martínez Quijano también enumeró otras manifestaciones de este tipo de violencia como el ‘doxing’ (publicación de información personal no autorizada), el acoso sexual en línea, el jaqueo de dispositivos y la creación de perfiles falsos o la vigilancia a través de dispositivos electrónicos.
La coordinadora sentenció que la finalidad última de este tipo de actuaciones que vulneran la libertad de expresión es “silenciar a las mujeres” y agregó que las consecuencias no solo tienen un efecto directo en ellas, sino que también en sus familias.
“Esta violencia se extiende también a familiares, generando mucha ansiedad y miedo en ellas. La consecuencia evidente es que obliga a las defensoras a decidir entre su activismo y la seguridad de sus seres queridos, lo que deriva, en ocasiones, en que dejen de lado su participación pública”, relató.
Asimismo, aunque este informe no analizó las razones que llevan a las personas agresoras a ejercer esta violencia, Martínez Quijano señaló que “existen intereses sobre las tierras y el uso de las mismas, como desplazar a comunidades para extraer recursos”.
A modo de recomendación al Estado ecuatoriano para mitigar estos comportamientos, además de fomentar la concienciación en torno a la violencia digital de género, la coordinadora aconsejó que se hagan cumplir las leyes y que se capacite a los funcionarios sobre los mecanismo de protección ya existentes para atender a las víctimas.
Y llamó a regular el uso de las redes sociales y a perseguir y sancionar a quienes promuevan campañas de acoso o desinformación contra defensoras ambientales, con más razón si cabe, si estas conductas provienen de actores estatales, matizó.
Por último, concluyó que esta realidad afecta a la ciudadanía en su conjunto “dado que la no participación de las mujeres en la vida pública y en la defensa del medio ambiente hace que las democracias se fracturen más de lo que ya lo están en la región”. EFE