Madrid, 20 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denuncia el "automatismo" con el que los jueces envían a los inmigrantes en situación irregular a los centros de internamiento de extranjeros (CIE) españoles y pide la prohibición expresa de las "redadas racistas", según un informe conocido este miércoles.
Además, la organización de derechos humanos reclama la reforma de la ley de extranjería de España para asegurar que la privación de libertad sea la última alternativa.
AI incide en que los extranjeros que carecen de documentación en regla son detenidos y enviados a los CIE en un ambiente de "falta de datos y opacidad", así que considera que los arrestos podrían considerarse "arbitrarios" si no se cumplen los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
En ese sentido, el informe demanda una reforma de la ley de extranjería para asegurar que la privación de libertad sea "la última medida a tomar después de haber estudiado todas las alternativas" y teniendo en cuenta factores de vulnerabilidad y otras circunstancias, como los problemas relativos a la salud mental.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones citados en el texto, alrededor de 100.000 personas son detenidas cada año en Europa por motivos relacionados con la migración. En concreto, 213.896 llegaron a Europa en 2022.
"Nuestro país (España) no aplica, ni en la legislación ni en la práctica, las salvaguardas suficientes para impedir que se produzcan detenciones arbitrarias de las personas migrantes, especialmente cuando la expulsión o devolución no se ejecuta, por lo que se podría estar violando la prohibición internacional sobre detenciones arbitrarias", deduce AI.
La organización denuncia la existencia de cuatro fallos encadenados en los procesos legales y administrativos que provocan que la decisión de privar de libertad "no siempre se estudie de manera adecuada e individual en cada caso".
El primero de ellos es el automatismo para el internamiento por parte de los jueces de instrucción, que lo autorizan "siguiendo principalmente el criterio policial" tras la detención, "sin valorar otro tipo de alternativas".
Por otro lado, subraya que los magistrados no profundizan en los casos individuales, sino que en muchas ocasiones "utilizan argumentación estereotipada", sin "motivación de las causas".
Amnistía Internacional pone el foco también en la "insuficiente formación" sobre los migrantes por parte de los encargados de los internamientos y la "mala coordinación entre los distintos operadores jurídicos" del procedimiento.
Y en la "falta de asistencia letrada (abogados) de calidad", que conlleva que los migrantes se vean "en un laberinto de procedimientos y papeleos de los que no son debidamente informados".
En concreto, la organización solicita un cambio de la ley de seguridad ciudadana para prohibir expresamente "las redadas por perfil racial", así como que la ley de extranjería diga de forma clara que el internamiento en los CIE debe ser un "último recurso".
También reclama que el Gobierno garantice el acceso a la información a los migrantes internados en esos centros.
España padece una grave crisis migratoria desde hace varios años, especialmente las islas atlánticas de Canarias, adonde llegan prácticamente a diario barcazas con cientos de inmigrantes procedentes del continente africano.
El archipiélago, con graves problemas para atender a los inmigrantes de manera adecuada, ha superado ya las 40.000 llegadas irregulares de extranjeros este año, con lo que bate el récord de 39.010 de todo 2023. EFE