Hong Kong, 18 nov (EFE).- Un tribunal de Hong Kong anunciará el martes sentencias contra 45 activistas prodemocracia en el mayor juicio contra la oposición vinculado a la seguridad nacional y que podría acarrear condenas de hasta cadena perpetua.
El caso marca un hito en la represión del debilitado movimiento prodemocrático en la ciudad y plantea serias preocupaciones a nivel internacional sobre el futuro de las libertades civiles en la ex colonia británica.
El veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido el pasado 30 de mayo, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un largo proceso iniciado después de que Pekín introdujese en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad -pasando por alto el poder legislativo local- tras un año de multitudinarias protestas y disturbios antigubernamentales.
Otros dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos: en total, son 47 los implicados en el proceso, que comenzó a raíz de su participación en una elección primaria no oficial celebrada por el campo prodemocrático en 2020.
En marzo de 2021, el bloque fue acusado conjuntamente de “conspiración para cometer subversión” en torno a unas elecciones primarias extraoficiales celebradas en julio de 2020, cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de la democracia a seleccionar candidatos para las elecciones al Consejo Legislativo y asegurarse la mayoría.
Se acusa a los procesados de haber pretendido, en caso de haber obtenido la mayoría, abusar de sus poderes como legisladores para vetar los proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del Gobierno y, en última instancia, obligar a la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, a dimitir.
Un panel de tres jueces especialmente seleccionados para instruir casos de seguridad nacional dictaminó que esto habría sumido a la urbe en una “crisis constitucional”.
Los acusados representan una muestra de la oposición hongkonesa, desde el destacado jurista Benny Tai, hasta exlegisladores como Claudia Mo, Au Nok-hin y Leung Kwok-hung, así como jóvenes activistas como Joshua Wong o Lester Shum.
La mayoría de ellos -34 de 47- lleva más de tres años y medio en prisión y únicamente a unos pocos se les ha concedido la libertad bajo fianza, durante la cual han debido cumplir estrictas condiciones, entre ellas restricciones a la libertad de expresión.
El dictamen de culpabilidad provocó reacciones de “grave” preocupación en Australia, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y la ONU.
Estos organismos advirtieron de que las acusaciones podrían tener “motivaciones políticas” contra “actividades pacíficas y el ejercicio de derechos fundamentales”.
Subrayaron que “la libertad de expresión, reunión y participación política deberían ser reconocidos en cualquier sistema que respete principios democráticos esenciales”.
Tras el fallo, dos jueces no permanentes del Tribunal de Última Instancia de Hong Kong, originarios del Reino Unido, presentaron su dimisión.
Las autoridades de Hong Kong defienden la autonomía de su sistema judicial y un sólido estado de derecho, afirmando que el proceso legal ha sido imparcial. Asimismo, condenan los comentarios críticos de las democracias occidentales como infundados y consideran que constituyen “difamaciones malintencionadas”. EFE
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