Quito, 18 nov (EFE).- Casi tres de cada cuatro habitantes de Ecuador (73 %) sienten inseguridad al salir a la calle por la noche en su lugar de residencia, según una reciente encuesta de la empresa Gallup, lo que supone un máximo histórico para el país dentro de los sondeos de esta compañía, con el valor más alto dentro de los 140 países analizados en su reporte de 2023.
Esta dato aumenta aun más si centramos el estudio en la provincia costera de Guayas, donde el 89 % de la población admite esta preocupación.
Gallup publica todos los años su informe 'Global Law and Order', el cual se especializa en analizar las cifras de percepción de seguridad de los ciudadanos con base en este tipo de investigaciones. Para esta el última se entrevistó a más de 1.000 personas, mayores de 15 años, de 140 países.
Para garantizar una representación correcta sobre las personas encuestadas, Gallup estableció cuotas de entrevistas por edad, sexo, región y educación. En cuanto a los resultados, el margen de error de muestreo oscila entre 2,2 y 5,5 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %.
El pasado año, este mismo informe posicionaba al país como el quinto con una mayor sensación de inseguridad, que llegaba a afectar al 65 % de los ecuatorianos.
La consultora norteamericana detalló en su averiguación que "desde el covid-19, el país se ha sumido en una profunda crisis de seguridad" principalmente porque "Ecuador es un nodo cada vez más importante en el tráfico mundial de cocaína".
Asimismo, la encuestadora aseguró que "la ciudad portuaria de Guayaquil es un importante centro de exportación de cocaína a Europa". "En 2023, ninguna otra región del mundo -excluidas las zonas de guerra activas- se sentía menos segura que Guayas", apuntó.
Con la excepción de China y un subconjunto de 26 países con altos niveles del acceso a internet que fueron analizados desde un punto de vista híbrido con el manejo de webs, los resultados de 2023 se basan en encuestas telefónicas o presenciales.
Ecuador se situó en 2023 como el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes, una violencia que ha sido atribuida a la acción de grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también a la extracción ilegal de minerales y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Desde inicios de 2024, el presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.
Si bien el Gobierno reporta una disminución del 17 % en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales siguen sucediendo en el país. EFE