Madrid, 16 nov (EFE).- El segundo Gobierno español de coalición de la actual etapa democrática cumple un año en medio de la conmoción por las consecuencias de la dana (temporal) sin precedentes que azotó parte de Valencia (este) y tras un periodo de crispación política en el que no pudo aprobar nuevos presupuestos e incluso el presidente Pedro Sánchez llegó a amagar con su retirada.
Cuatro meses le costó lograr la mayoría para su investidura y prometer su cargo el 17 de noviembre.
Si en la pasada legislatura el Partido Socialista (PSOE) gobernó en coalición con el grupo de izquierdas Podemos, en esta ocasión fue otro partido de izquierdas, Sumar, el socio para iniciar un periodo en el que, a pesar de los roces, se ha trabajado codo con codo y no ha sufrido el "ruido" del que Sánchez llegó a quejarse públicamente con su anterior aliado.
Un punto de inflexión de estos doce meses llegó en abril, cuando Sánchez comunicó que se tomaba unos días para reflexionar si merecía la pena seguir o no en el cargo después de que la justicia abriera diligencias de investigación a su esposa, Begoña Gómez, por el supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia del autodenominado 'sindicato' Manos Limpias, vinculado a la ultraderecha.
Tras cinco días meditando comunicó que seguiría "con más fuerza si cabe", intentando plantar cara a lo que considera una "máquina del fango" alimentada por bulos y desinformación por parte de la ultraderecha y de la que hace cómplice al principal grupo de la oposición, el conservador Partido Popular (PP).
La Justicia ha estado en muchas ocasiones en el punto de mira del debate bronco, cargado de reproches y hasta insultos que han marcado este año que sólo tuvo dos momentos relevantes para el acuerdo: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y la reforma del artículo 49 de la Constitución relativo a las personas con alguna discapacidad.
Las acusaciones a su mujer, la evolución del llamado 'caso Koldo' –que ha llevado al Tribunal Supremo a abrir una causa penal contra el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos–; el episodio de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez en Barajas; o el hecho de que no haya sido posible que en 2024 hubiera nuevas cuentas del Estado; han sido argumentos esgrimidos por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedir la dimisión Sánchez.
Todos los mensajes de Sánchez se dirigen a que el PP pierda la esperanza, ya que agotará la legislatura y está dispuesto a ser el candidato socialista para la siguiente.
En paralelo, los nacionalistas catalanes de Junts, cuyos siete diputados en el Congreso son clave, han dado muchos quebraderos de cabeza, a pesar de que salió adelante la amnistía exigida por el expresidente regional Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, y de la que él no ha podido aún beneficiarse.
A Sánchez le preocupa la debilidad creciente de sus aliados de Sumar, que están a la espera de su Asamblea constituyente tras unos pobres resultados electorales regionales y europeos que provocaron la dimisión de su líder, Yolanda Díaz –aunque siguió como vicepresidenta segunda– y la salida de su portavoz en el Congreso Íñigo Errejón ante las acusaciones contra él de violencia machista.
Ha habido también hasta choques institucionales entre Congreso y Senado, y la política exterior tampoco ha estado exenta de crisis diplomáticas y polémicas como las que ha habido con Israel, Argentina o México.
Ingredientes todos ellos para un áspero primer año del actual Gobierno que ha sufrido el duro golpe de la dana que afectó principalmente a la costa mediterránea - donde causó más de 200 muertos y miles de damnificados -, y que augura meses de reproches en busca de responsabilidades del presidente regional valenciano, el conservador Carlos Mazón, o del Ejecutivo central. EFE
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