Río de Janeiro, 16 nov (EFE).- La necesidad de reglas y de fondos específicos para resolver el problema de acceso a la vivienda, una de las principales reivindicaciones de Barcelona, fue incluida en el documento que unas 87 ciudades de todo el mundo entregarán en la Cumbre que tendrán los líderes del G20 a partir de lunes en Río de Janeiro.
"En esta cumbre en Río hemos introducido o hemos puesto el acento en el tema de la vivienda. La vivienda es un problema global de todas las grandes ciudades del mundo, del sur global, pero también de los países europeos occidentales", afirmó en entrevista con EFE el alcalde barcelonés, Jaume Collboni al referirse a los asuntos discutidos en la cita en esta ciudad brasileña de la Urban 20, una red que reúne a alcaldías de todo el mundo.
El alcalde de la ciudad española explicó que el acceso a la vivienda dejó de ser problema de los países pobres y se extendió a varios países de Europa, en donde el aumento de los precios y de los alquileres está expulsando principalmente a jóvenes y clase media.
"El acceso a la vivienda es hoy una de las principales fuentes de desigualdad en las grandes ciudades. Los precios de alquiler en Europa aumentaron un 50 % en los últimos diez años y en mi ciudad un 70 %. Eso supone expulsar a la población, sobre todo la gente joven, gente trabajadora y gente de la clase media", dijo.
El asunto fue incluido en el documento que los alcaldes reunidos en Río entregarán el domingo al jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que, en su calidad de presidente temporal del G20, lo eleve a la Cumbre de las mayores economías del mundo.
"Tenemos necesidad de dos cosas que es lo que planteamos en estos foros internacionales. Por un lado la capacidad reguladora de las ciudades, es decir, que podamos regular el mercado de la vivienda desde el sector público, y también necesitamos acceso a fondos que en este momento se están articulando a nivel de los Estados", dijo.
Afirmó que Barcelona, por ya contar con ese poder, impuso una norma para regular los precios de alquiler, que está permitiendo desacelerar su subida, y otra para suprimir completamente, a partir de 2028, los pisos turísticos que son ofrecidos por algunas plataformas de alquiler de vivienda temporal.
Agregó que tales plataformas están entrando en muchas ciudades y expulsando a la población.
Explicó que, para poder adoptar tales reglas, España le concedió a los ayuntamientos poder de regular cuando sus áreas sean declaradas como "zonas tensionadas", es decir cuando enfrenten problemas por los precios de la vivienda y por de expulsión de las población de las ciudades.
"Y hay muchas ciudades europeas que están pidiendo lo mismo: esa capacidad reguladora allí donde hay tensión en el mercado de la vivienda", dijo.
Agregó que a Barcelona también se le delegó la capacidad de dar o no licencias a los pisos turísticos y que la decisión de la ciudad fue que "no dar ni una sola prórroga más a partir de 2028".
Esa decisión, dijo, permitirá que entren al mercado unas 10.000 viviendas que actualmente son de uso turístico.
Igualmente para mejorar el acceso a la vivienda "queremos proponer que la capacidad de endeudarnos que tengamos las administraciones para hacer vivienda pública no compute en las reglas fiscales de la Unión Europea, es decir, que, si en los próximos años se vuelve a limitar la capacidad de endeudamiento de las administraciones, la vivienda sea una excepción".
Aseguró que, ante la necesidad de elevar la oferta de vivienda y hacerla más asequible, también son necesarios fondos que puedan ser ofrecidos por los gobiernos nacionales o por organismos multilaterales.
"Y en el caso de la Unión Europea, tenemos la novedad que ahora por primera vez va a haber una línea de subvenciones y de fondos para la promoción de vivienda protegida. Su idea es incluir la vivienda asequible como una prioridad social, es, creo, una de las novedades de este foro", aseguró. EFE
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