San José, 15 nov (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este viernes al Estado de Perú por las violaciones a los derechos de al menos 2.585 trabajadores de la estatal Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA), la cual fue liquidada y privatizada en la década de 1990.
En la sentencia, la CorteIDH encontró al Estado peruano responsable de violar los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, a la participación en la dirección de asuntos públicos y a la negociación colectiva, en perjuicio de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (Sutecasa).
En 1990 los miembros de Sutecasa interpusieron una acción de amparo solicitando la inaplicación de dos decretos porque, en su criterio, desconocían lo pactado en un convenio colectivo. Las autoridades judiciales le dieron la razón al sindicato en 1996, pero la ejecución de la decisión de amparo llevó a una serie de decisiones judiciales y a un proceso de ejecución de sentencia que se prolongó por 28 años.
"La CorteIDH no encontró justificación razonable para la demora y consideró que esa tardanza impidió garantizar de forma efectiva el cumplimiento de la decisión de amparo e hizo inútil dicho recurso. Asimismo, encontró que el paso del tiempo ha afectado a los involucrados en el proceso, quienes en su mayoría son personas mayores, muchos de los cuales han fallecido", explicó el tribunal continental.
El fallo es a favor de 2.585 trabajadores, pero la CorteIDH ordenó al Estado peruano que depure un padrón sindical en caso de que haya más víctimas.
El tribunal también ordenó al Estado el pago de 5.000 dólares para cada una de las 2.585 víctimas como indemnización por daños materiales e inmateriales.
La CorteIDH advirtió que "en Perú existe una problemática estructural de incumplimiento de fallos judiciales adoptados en el orden interno y demora en la ejecución de decisiones de amparo referidas, entre otros, a asuntos que incluyen el pago de retribuciones salariales, pensiones y de otros conceptos".
Por ello, dispuso que el Estado debe llevar a cabo "una instancia de debate y reflexión en el Poder Judicial", con la participación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se analice la problemática estructural, y se reflexione sobre "posibles medidas administrativas, normativas y políticas públicas necesarias"
En dicha instancia el Estado deberá permitir la participación de los representantes de las víctimas de los casos en los que la Corte ha identificado la problemática de incumplimiento de sentencias de amparo y representantes de las centrales o confederaciones sindicales representativas en Perú.
La CorteIDH también ordenó a Perú diseñar e implementar, a través de la Academia de la Magistratura, una capacitación y actualización virtual obligatoria, dirigida a todos los jueces que conozcan procesos de amparo, en la que se presente la problemática estructural de falta de cumplimiento de las decisiones judiciales y demora en la ejecución de las sentencias. EFE
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