Petro, tras la inhabilitación del exministro de Exteriores Álvaro Leyva: "Es un acto de inmensa injusticia"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha salido en defensa del que fuera su ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, después de que la Procuraduría anunciara su destitución definitiva e inhabilitación durante los próximos diez años tras considerarle culpable de un caso de corrupción vinculado a la licitación para la emisión de pasaportes.

"Lo que ha hecho la procuradora (Margarita Cabello) con Álvaro Leyva es un acto de inmensa injusticia. (Le) ha inhabilitado políticamente (...) con una sanción de pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad. Eso es un choque de frente contra la convención americana de DDHH que prohíbe taxativamente a las autoridades administrativas quitar derechos políticos. Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de dictaduras, no de democracias", ha dicho.

Además, ha considerado que "con el cambio de doctrina del Consejo de Estado" hay un "poder judicial que respalda a la procuradora en el camino de destruir la Convención Americana de DDHH, en contra de sentencias de la Corte Interamericana a la que se le quiere quitar la fuerza de sus sentencias, porque todas van a garantizar derechos fundamentales del pueblo".

"Se debilita así la justicia y se hace trizas la paz, que es la consigna de las extremas derechas, que solo pueden crecer y anhelan dictaduras y violencias. Colombia no necesita disminuir su democracia, sino ampliarla para alcanzar libertad, paz y democracia", ha manifestado.

Según el órgano, Leyva no cumplió con sus funciones como ministro y puso en riesgo la posibilidad de que los colombianos accedieran al servicio de pasaportes cuando tumbó en 2023 la licitación que se iba a entregar a la empresa Thomas Greg & Sons, a la que se le había otorgado el contrato durante más de 15 años. El exministro no tuvo una "justificación válida" para poner fin al contrato cuando el comité evaluador dio vía libre al proceso.

Así, Petro ha expresado su "opinión pública" sobre "el desastre que representa para un país que una empresa privada busque controlar los datos privados de la ciudadanía y que además tenga el manejo de los escrutinios electorales", haciendo referencia a la mencionada compañía. "No me gustó nada lo que pasó en la Cancillería donde iban a premiar esa empresa con un pliego de licitación sastre, con el que esa empresa siempre gana", ha concluido.