San Salvador, 14 nov (EFE).- Representantes de organizaciones de derechos humanos y civiles de El Salvador solicitaron este jueves a una cámara penal que rechace una apelación de Fiscalía en el caso de cinco líderes comunitarios, procesados por cargos de asesinato y agrupaciones ilícitas, y que confirme el sobreseimiento definitivo de la causa.
El pasado 18 de octubre, el Juzgado de Sentencia de la localidad de Sensuntepeque (al noroeste del país) dictó un sobreseimiento definitivo al declarar extinta la acción penal por los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas por un supuesto crimen cometido en el marco de la guerra civil salvadoreña.
Días después de esta resolución se conoció que la Fiscalía General presentó una apelación contra el fallo, acción que ha sido rechazada por organizaciones civiles y de derechos humanos salvadoreñas.
En el documento, entregado ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de la cuidad de Cojutepeque (este), las organizaciones indicaron que "al no constituir un delito de lesa humanidad, ni un crimen de guerra, el supuesto asesinato ya prescribió y la acción penal es imposible".
Las entidades consideran que el fallo del Juzgado de Sentencia "es apegado a derecho, pues cumple con los principios de legalidad, debido proceso y aplicaciones de la justicia".
Indicaron que "la apelación de la Fiscalía solo busca dilatar la libertad definitiva de los procesados alargando de manera injustificada un proceso judicial que nunca debió haber iniciado".
La ONG solicita que se deseche la apelación del Ministerio Público y que se confirme el sobreseimiento.
La petición fue firmada por representantes de 19 organizaciones no gubernamentales, entre estas Tutela Legal 'María Julia Hernández', el Socorro Jurídico Humanitario, el Movimiento de Mujeres 'Mélida Anaya Montes' y la Mesa Nacional Contra la Minería Metálica.
La Fiscalía señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
Los ambientalistas pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.
Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992- y Arturo Serrano Ascencio.EFE
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