OCDE: La tasa de carbono bajó de 2021 a 2023 por las medidas contra la crisis energética

París, 14 nov (EFE).- Las tasas de carbono que gravan las emisiones causantes del efecto invernadero se redujeron entre 2021 y 2023 como consecuencia de las medidas que tomaron muchos gobiernos para hacer frente al choque energético, sobre todo en forma de subvenciones a los combustibles fósiles, según la OCDE.

En un informe publicado este jueves sobre la tarificación de esas emisiones causantes del cambio climático en 79 países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que se pasó de los 17,9 euros por tonelada de dióxido de carbono (CO₂) en 2021 a 14 euros dos años después.

La crisis de 2022, resultante en particular de la invasión de Ucrania por Rusia, llevó a muchos gobiernos a multiplicar medidas para atenuar los precios de la energía para los consumidores en forma de reducción de impuestos energéticos, subvenciones o aplazamientos de subidas programadas de la tasa de carbono.

El valor de esa tasa de carbono es muy diferente entre los países analizados, ya que en 2023 iba de un máximo de 152 euros por tonelada en Suiza, 118 en Países Bajos a 107 en Noruega, pasando por los 89 de Alemania, 63 de España, 46 de Francia, a valores negativos en algunos países productores de hidrocarburos como Ecuador o Kazajistán.

Los valores son muy bajos en los dos países que, con más diferencia, son los que más gases de efecto invernadero generan: Estados Unidos (14 euros por tonelada de CO₂) y China (7 euros).

Los autores del informe subrayan que ,para que se puedan cumplir los objetivos climáticos, el valor de la tasa de carbono tendría que aumentar muy significativamente, de forma que de aquí a 2030 se sitúe entre 60 y 120 euros por tonelada de CO₂.

Es decir, entre al menos cuatro y ocho veces el nivel alcanzado en los países objeto del estudio, que representan alrededor del 82 % de las emisiones globales de efecto invernadero.

Otro aspecto importante es el porcentaje de emisiones que están cubiertas por un dispositivo de tarificación del carbono, es decir sometidas a algún tipo de fiscalidad ambiental, que globalmente se mantuvo estancado en alrededor del 42 % en los 79 países estudiados.

Ahí también, la brecha entre unos y otros era enorme, ya que en algunos ese campo se ha extendido muy ampliamente, hasta el 98,5 % en Corea del Sur, el 87,1 % en Luxemburgo, el 86,3 % en Singapur, el 83,4 % e Noruega o el 81,1 % en Italia.

España, con un 68,9 % se situaba en la parte baja de los países europeos, aunque por encima de otros como Francia (58,5 %), Reino Unido (52,5 %).

En China únicamente el 44,7 % de las emisiones estaban sometidas a un dispositivo de tarificación del carbono y en Estados Unidos ese porcentaje era aún inferior, del 33,3 %.

Los autores del estudio subrayan que los gobiernos prestan cada vez más atención a las consecuencias internacionales de las asimetrías en los gravámenes a las emisiones causantes del efecto invernadero.

Para evitar que su fiscalidad les perjudique en términos de competitividad, recurren a instrumentos como los ajustes de carbono en las fronteras o a las subvenciones en favor de las tecnologías de bajas emisiones.

Otra tendencia de fondo es que a la hora de diseñar los mecanismos de tarificación, los poderes públicos tienen en cuenta que sean aceptables por el público, mediante medidas de atenuación de los impuestos, en particular con el uso de los ingresos o con el diseño de la base impositiva. EFE