El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha adelantado este jueves que no bloquearán ni cooperarán con la investigación del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra su antecesor, Rodrigo Duterte, por supuestas violaciones contra los Derechos Humanos durante su controvertida lucha contra las drogas.
Marcos Jr. ha vuelto a incidir en este asunto un día después de que Duterte compareciera en el Congreso y se negara a asumir cualquier tipo de responsabilidad por las muertes de unas 30.000 personas, según algunas estimaciones, que dejó su lucha contra las drogas y animara al TPI a investigarle.
"No tengo nada que ocultar. Lo que hice lo hice por mi país y por los jóvenes. No hay excusas. No hay disculpas. Si voy al infierno, que así sea", dijo Duterte durante una maratoniana sesión en el Congreso, informan medios filipinos.
Por su parte, Marcos Jr. ha asegurado que "si ese es el deseo del expresidente", su Gobierno no bloqueará ninguna investigación del TPI, pero tampoco cooperarán. "Si acepta hablar, o ser investigado, es cosa suya", ha zanjado.
Marcos Jr. también ha confirmado que el Departamento de Justicia analizará las declaraciones de Duterte en el Congreso para determinar si es necesario abrir un caso en Filipinas. "Todos los testimonios serán evaluados para ver en términos legales su significado y las consecuencias. Tendremos que esperar", ha dicho.
Por lo pronto, ha asegurado que Filipinas sí cumplirá con la Interpol en caso de que emita una orden de arresto internacional, la cual vendría a petición del TPI. "Tenemos obligaciones con la Interpol, tenemos que cumplir con esas obligaciones. Veremos hasta dónde llega. Veremos qué hace el TPI", ha dicho.
Según cifras oficiales, la campaña contra las drogas de Duterte (2016-2022) dejó unos 6.000 muertos, si bien algunas organizaciones de Derechos Humanos estiman que unas 30.000 personas murieron durante aquel periodo, marcado por un sistema de recompensas económicas para los policías que mataran supuestos traficantes.
Duterte retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya y poniendo en marcha su propia investigación. Miles de vendedores y consumidores murieron a tiros en circunstancias aún sin esclarecer. Según el Gobierno, la mayoría de estos casos eran disputas entre bandas rivales.
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