Tribunal rechaza referéndum impulsado por Gobierno para reformar Contraloría en Costa Rica

San José, 13 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) rechazó este miércoles la solicitud de realización de un referéndum impulsado por el Gobierno con el fin de reformar la Contraloría General de la República, un órgano que el presidente Rodrigo Chaves critica constantemente.

El TSE detalló que basó su decisión en criterios de la Sala Constitucional que encontró vicios de inconstitucionalidad en la iniciativa, y del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que determinó que el proyecto es "una repetición normativa".

"Realizar un referéndum para crear una norma que ya existe, no cumple con los parámetros de razonabilidad técnico-jurídica y de proporcionalidad, y podría considerarse un uso ineficiente de recursos públicos, pues la gestión de estos debe sujetarse, también, a principios de austeridad y razonabilidad", explicó el TSE.

El proyecto que se pretendía llevar a referéndum, llamado por el Gobierno como "Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica", tenía como objetivo reformar la Contraloría General de la República, un órgano fiscalizador de rango constitucional que el presidente del país, Rodrigo Chaves, critica constantemente y acusa de obstaculizar sus proyectos.

En julio pasado, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la iniciativa, ante lo cual el Gobierno aplicó numerosos cambios hasta dejarlo en la reforma de un solo artículo, con el fin de insistir en el referéndum.

Ese único artículo pretendía establecer la prohibición de que la Contraloría participe en toma de decisiones del Ejecutivo.

Sin embargo, esa prohibición ya se encuentra en la legislación costarricense, según determinó el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, criterio que fue acogido por el TSE para rechazar la solicitud de referéndum.

El Gobierno intentó tramitar la iniciativa en el Congreso dominado por la oposición y a través de un referéndum solicitado por un ciudadano.

En junio pasado, la Contraloría aseguró que el proyecto original buscaba "desmantelar el control sobre los fondos públicos", facilitar las "contrataciones a dedo" sin concursos públicos, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, y que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia.

Según el Gobierno, la iniciativa pretendía "fortalecer" a la Contraloría y clarificar sus funciones, la presentó a la ciudadanía como un proyecto para impulsar el desarrollo del país y la participación ciudadana.

El presidente Chaves ha criticado constantemente a la Contraloría durante los dos años y medio que lleva en el poder, especialmente por una advertencia sobre el mecanismo que se acordó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción y posterior arrendamiento en terrenos del Estado de un conjunto de edificios llamado Ciudad Gobierno, valorado en 450 millones de dólares. EFE