La Paz, 13 nov (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció este miércoles que cumplirá el fallo constitucional que anula las elecciones judiciales en algunas regiones del país pese a haberse opuesto en principio a ese dictamen e impulsando un encuentro político para que se garantizara la realización integral de los comicios.
El TSE emitió un comunicado en el que declara que recibió la notificación y que cumplirá con el auto constitucional que ordena la continuidad del proceso para la elección de magistrados de las altas cortes del país solo de manera parcial.
Por lo que la elección de autoridades para el Concejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continuará en siete de los nueve regiones del país, mientras que la elección de altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solo se realizará en cuatro regiones.
El fallo constitucional que anula el proceso electoral en algunos departamentos del país corresponde a dos expedientes abiertos por acciones presentadas por dos postulantes que no llegaron a la fase final de la preselección en el Legislativo.
El lunes, el pleno del TSE se reunió con los representantes del Legislativo, Ejecutivo y de los partidos políticos para unir fuerzas en defensa de unos comicios "íntegros" y "unitarios", y del principio de preclusión que indica que los actos electorales no pueden retrotraerse.
Los asistentes a esa reunión firmaron su rechazo al mencionado fallo constitucional y expresaron su "respaldo pleno" al TSE para que continuara con la organización de las elecciones judiciales "en forma íntegra" el próximo 15 de diciembre.
Pero, en la nota de este miércoles, el TSE justificó que la decisión de obedecer el fallo constitucional se debe a que "no se han garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral de manera integral".
También mencionó que el Parlamento no emitió un pronunciamiento inmediato de rechazo a la mencionada resolución ni ha aprobado una ley "que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones electorales".
Asimismo, señala que algunos miembros del Gobierno del presidente Luis Arce "han emitido declaraciones alentando el cumplimiento de esa sentencia lo que genera incertidumbre de contar con los recursos económicos para dar continuidad a este proceso de manera integral".
El TSE ya había asumido otras medidas legales como una solicitud de aclaración y enmienda al TCP, misma que fue respondida esta jornada con la ratificación del proceso.
Además, hace unos días el ente electoral entregó al Parlamento un proyecto de ley para "blindar" las elecciones judiciales y este miércoles fue aprobada por el Senado, pero todavía no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados.
La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo o en blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un "vacío de poder" hasta que se realicen nuevos comicios.
Esto generó fuertes protestas de la oposición y de los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) quien también es el líder del oficialismo. EFE
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