La Paz, 8 nov (EFE).- El órgano electoral de Bolivia aseguró este viernes que continuará con el proceso de los comicios judiciales previstos para diciembre pese a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró desiertas las elecciones de magistrados de esa corte y del Supremo de Justicia en cinco regiones.
En una rueda de prensa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, recordó que la Sala Plena del organismo "reprogramó" para el 15 de diciembre las elecciones y sostuvo que "eso se mantiene".
"El proceso electoral va a continuar en las fechas y en las condiciones previstas en el marco legal vigente", afirmó.
El vocal se pronunció después de que se conoció que dos magistrados del TCP declararon desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, y para el Constitucional en ambas regiones y también en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
La realización de los comicios estuvo también en riesgo en octubre por los fallos de dos salas constitucionales de Beni y Pando, a instancias de candidatos inhabilitados, pero otro tribunal dispuso la continuidad del proceso electoral.
La nueva sentencia responde a acciones presentadas también por dos postulantes inhabilitados y en esta oportunidad sale de la máxima instancia constitucional boliviana.
Hassenteufel señaló que el TSE evita "opinar o inmiscuirse" en actividades que competen a otros órganos del Estado, pero que este fallo "resulta absolutamente fuera de lugar y amerita un pronunciamiento claro y contundente" del ente electoral.
El vocal indicó que la sentencia incurre en una "flagrante violación del principio de preclusión", "sienta un funesto precedente y pone en riesgo la realización de cualquier proceso electoral en el futuro".
También anunció que el TSE hará al Constitucional una solicitud de "explicación, complementación y enmienda" sobre su sentencia y que planteará al Legislativo un proyecto de ley para que "se disponga la prosecución del proceso electoral judicial en su integridad, en resguardo del principio de preclusión y de la unicidad del proceso".
El órgano electoral invitó además a una reunión el lunes a los representantes de los otros tres poderes estatales, del TCP, la Fiscalía General del Estado y a delegados de organizaciones políticas para analizar la situación generada por el fallo.
Hassenteufel aclaró que la reunión y el proyecto de ley "son nada más que un complemento a la decisión firme del TSE de continuar con el proceso electoral judicial" y consideró que "es el momento de que el pueblo boliviano ponga un freno a los excesos del Tribunal Constitucional".
Además consideró que una sentencia es vinculante y obligatoria cuando la emite una corte legítima, "que no es el caso en este momento" porque el fallo fue dictado por "dos magistrados" de un tribunal "cuestionado por haberse autoprorrogado".
La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS.
El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un "vacío de poder" hasta que se realicen nuevos comicios. EFE
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