Las autoridades de China han convocado este viernes al embajador de Filipinas en el país, Jaime Florcruz, para trasladarle una "firme protesta" por lo que consideran una vulneración de "su soberanía territorial", una medida que responde a la firma por parte del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., de dos leyes que amplían la extensión marítima de Manila en zonas que incluyen el mar de China Meridional.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha indicado que el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador, al que ha entregado una nota de protesta, según un comunicado. Así, ha indicado que Filipinas "incluye ilegalmente en su zona marítima buena parte del bajo de Masinloc (también conocido como atolón de Scarborough) y las islas Spratly".
De esta forma, continúa, Manila intento "en vano" reafirmar por medio de las leyes "una resolución ilegítima de la Corte de Arbitraje sobre el mar de China Meridional". "Pekín condena en términos enérgicos esta medida, que constituye una grave violación de su soberanía territorial y derechos marítimos", ha destacado Mao.
El presidente filipino promulgó este viernes la Ley de Zonas Marítimas y la Ley de Rutas Marítimas del Archipiélago de Filipinas, que ponen en consonancia la legislación nacional con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Según el presidente, la Ley de Zonas Marítimas permitirá a Filipinas aprovechar los recursos minerales y energéticos del lecho marino, mientras que los pecadores podrán seguir trabajando sin temor a incidentes.
La segunda ley establece un sistema de rutas marítimas y aéreas para que buques y aviones extranjeros puedan atravesar la zona. El gigante asiático sigue reivindicando gran parte de la zona, de gran importancia para el comercio marítimo mundial. Sin embargo, las aguas también son disputadas por otros países como Brunéi, Vietnam, Indonesia y Malasia. En 2016, la Corte Internacional de Arbitraje indicó que las reclamaciones de China carecen de bases legales.
La corte también acusó a China de haber violado la soberanía filipina y causado graves daños a los arrecifes de coral con la construcción de islas artificiales. Además dispuso que las Spratly no son islas como tal y no conforman una zona económica exclusiva.
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