Roma, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Giorgia Meloni inició este martes, entre críticas de la oposición y con una disputa abierta con la Justicia, un segundo traslado de sólo ocho migrantes a sus centros de retención de Albania, en un nuevo intento de mantener un plan de externalización migratoria que, según juristas, parece abocado al fracaso.
El buque italiano 'Libra' se encuentra navegando con ocho migrantes hacia el país balcánico, confirmaron a EFE fuentes de abordo, que explicaron que la nave partió la pasada noche y podría llegar a su destino mañana, jueves, o el viernes, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Varios juristas aseguraron a EFE que la primera ministra ultraderechista se aferra a la "inconstitucionalidad" con este paso, los partidos de la oposición lamentan los costes millonarios del plan, su viabilidad logística reducida y el nuevo desafío del Ejecutivo a la Justicia.
El nuevo traslado a Albania "cuesta la friolera de 36.000 euros por migrante", dijo el colíder de la Alianza Verdes-Izquierda, Angelo Bonelli, que calificó el plan de Meloni como "una operación de propaganda política y un despilfarro de dinero público".
"Ocho personas llegarán a los centros de retención de Albania. Es cómico", dijo el líder del partido progresista Más Europa, Riccardo Magi, que condenó que estas instalaciones "estén fuera de la legislación europea y cuesten unos 1.000 millones de euros a los contribuyentes italianos". Es un "enorme despilfarro de dinero público" y otra "página triste para los derechos humanos", añadió.
El buque militar viaja con migrantes de Egipto y Bangladés interceptados en el Mediterráneo central, y según fuentes conocedoras de la operación, las autoridades italianas seguirán el guión del primer envío de migrantes en octubre, cuando empezaron a poner en marcha su polémico plan con Tirana.
El nuevo envío se realiza a pesar de a que el primer internamiento en el país balcánico fue invalidado por una corte italiana. El Tribunal de Roma alegó que los países de origen de los migrantes -también Egipto y Bangladés- no podían ser considerados seguros, en base a un fallo previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que marcó precedente jurídico sobre la cuestión.
Ante ello, los 12 migrantes que apenas acababan de ser internados en Albania fueron sacados de ahí y llevados a Italia, un patrón que puede repetirse en este segundo traslado.
El Gobierno aprobó un decreto-ley justo para sortear la Justicia y blindar la viabilidad de su plan al establecer como norma su capacidad de designación de la lista de 'países seguros', donde incluye a Egipto y Bangladés.
Aún así, dice a EFE el letrado Giancarlo Liberati, "la legislación es muy clara: la jurisdicción europea prevalece sobre el derecho nacional, y no significa nada" que el Gobierno haya establecido una ley 'ad hoc' para dar viabilidad a su plan con Albania, porque este sigue planteando "cuestiones de inconstitucionalidad".
"Los jueces italianos no pueden aplicar la ley italiana si entra en conflicto con las normas europeas", remarca Liberati, que apela al respeto por parte del Ejecutivo a "una jerarquía de reglas".
El abogado Gennaro Santoro, defensor de un migrante egipcio que estuvo entre los primeros internados a Albania, cree que el plan de Meloni se basa en unos procesos de "dudosa constitucionalidad".
"Estoy realmente preocupado, porque el Gobierno actúa sin considerar las sentencias judiciales que tiene un valor fortísimo", remarcó.
Santoro añadió que el ejecutivo "juega con la vida de las personas pese a saber que sus pasos son solo un movimiento mediático para crear una confrontación en los medios, un choque con la Judicatura y la división entre la ciudadanía".
Ante ello, prevé que la detención en Albania de los ocho migrantes trasladados ahora tampoco sea aceptada por la Justicia.
"Probablemente su internamiento no será validado" y los migrantes deberán ser traídos a Italia, como ya ocurrió en octubre. "Se podría tratar de la misma e idéntica historia", manifestó Santoro. EFE
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