Bustinduy trabaja con el Tercer Sector para desplegar una "red de protección social" tras la DANA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido este miércoles con la Plataforma del Tercer Sector (PTS) para potenciar las vías de colaboración con las entidades de acción social que están trabajando en las crisis que ha supuesto la DANA, especialmente en la provincia de Valencia, y desplegar una "red de protección social" tras la catástrofe.

La PTS, que integra a más de 28.000 entidades de acción social en toda España, ha estado representada en esta reunión por su presidente, Luciano Poyato, así como por su presidente en Valencia.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, también han estado presentes representantes de organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, ONCE, CERMI, EAPN y la Coordinadora de Organizaciones para el desarrollo, y de otras plataformas como la del Voluntariado España y la de Organizaciones de Infancia.

"Tenemos que poner en marcha una red de protección social que permita dar respuesta a los efectos de esta crisis", ha manifestado Bustinduy, al tiempo que ha reafirmado su compromiso en reforzar las acciones que se están llevando a cabo sobre el terreno.

"La labor de la sociedad civil organizada ante la catástrofe que ha traído la DANA ha sido y está siendo encomiable", ha destacado para señalar la importancia de contar en España con "un tejido asociativo fuerte, organizado y activo".

Bajo esta premisa, Bustinduy ha insistido en que lo prioritario ahora es ofrecer una respuesta a las personas afectadas que sea "social, flexible, ágil y universal".

Por ello, tanto el ministro como las entidades del Tercer Sector han coincidido en la necesidad de reducir la burocracia a la hora de recibir ayudas para las víctimas.

Por otro lado, Bustinduy ha puesto en valor algunas de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros, como el incremento extraordinario del 15% en la prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV); las ventajas para los hipotecados en zonas catastróficas o las medidas de apoyo por daños personales y vivienda, incrementándose hasta cuatro veces más las cuantías previstas en la normativa vigente.

Finalmente, Bustinduy ha trasladado a todas las entidades de acción social su agradecimiento por el trabajo que están haciendo, y su disponibilidad para que haya una colaboración estrecha entre las administraciones públicas y la sociedad civil, de la mano de la participación ciudadana, algo que considera "un activo esencial" para "ofrecer un horizonte democrático que no deje a nadie atrás".