Taiwán retira su propuesta para aumentar las penas por abortos ilegales tras las críticas a la medida

El Ministerio de Justicia de Taiwán ha retirado este martes su propuesta para aumentar las penas por delitos relacionados con la realización de abortos ilegales tras las protestas y críticas vertidas por grupos de defensa de los derechos de las mujeres.

El Gobierno ha indicado ahora que ha "recogido diferentes opiniones por parte de la población civil" desde que presentó la iniciativa la semana pasada y ha aseverado que "no existe actualmente un consenso" sobre los delitos relacionados con la práctica del aborto, que es legal en Taiwán en determinados casos y hasta la semana 24 de embarazo.

La medida ha sido retirada después de que varios grupos, entre ellos la Fundación Despertar y el Enlace de Mujeres de Taiwán, hayan expresado sus preocupaciones sobre las modificaciones propuestas, que incluían el recrudecimiento de las multas y podían suponer un "retroceso" en los derechos de las mujeres en Taiwán.

El aborto es legal en Taiwán según la Ley de Salud Genética, que está en vigor desde 1985 y fue enmendada la última vez en 2009. Los abortos legales (es decir, la interrupción del embarazo realizada por un médico calificado hasta la semana 24 de embarazo) son accesibles para todas las mujeres adultas solteras, pero presentan restricciones en el caso de que estén casadas con cónyuges legalemente competentes o sean menores o adultas bajo tutela --en este caso requerirán de un consentimiento--.

Bajo la actual legislación, una mujer embarazada que tome medicamentos o provoque el aborto por otras vías pueden ser condenadas a seis meses de cárcel y multas de unos 3.000 nuevos dólares taiwaneses (90 euros). La propuesta del Gobierno incluía subir estas multas a los 80.000 nuevos dólares (2.200 euros), según ha informado la agencia taiwanesa CNA.

En el caso de que el aborto ilegal resultara en la muerte de la mujer sometida a esta práctica, la multa ascendería a 2 millones de nuevos dólares (574.000 euros) y penas de entre tres y diez años de cárcel.

Aunque el Gobierno ha esgrimido que la nueva legislación buscaba proteger la vida de las mujeres y también la de los fetos, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han afirmado que penar estos delitos "solo sirve para castigar a las mujeres que se han sometido a esta práctica, pero no castigan a esos hombres que han mantenido relaciones sexuales con ellas y han contribuido al embarazo no deseado, lo que refleja una diferencia en el trato a cada uno".