París, 5 nov (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, se quejó este martes ante el Tribunal Correccional de París, que la juzga a ella y a su partido por el uso supuestamente irregular de varios asistentes parlamentarios de sus eurodiputados, de ser parcial de entrada en su contra.
Le Pen, que declaraba en el proceso abierto el 30 de septiembre, esta vez como presidenta que fue del Frente Nacional (FN, ahora transformado en Agrupación Nacional), negó las acusaciones de que esos asistentes parlamentarios trabajasen para su formación y no para los eurodiputados que los tenían asignados.
"Me ha dado la impresión de que muchas veces su idea ya estaba hecha", espetó la líder ultraderechista a los tres magistrados que dirigen este juicio, en el que podría ser condenada a una pena de cárcel de hasta diez años y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Eso último le impediría, en particular, volver a presentarse a las elecciones presidenciales.
En una intervención preliminar de una hora y media de duración, Le Pen se quejó de las presuposiciones que a su parecer hay detrás de la dirección que han tomado los debates durante las audiencias y de las preguntas que hace el tribunal.
"Si se parte de la convicción de que había un sistema (...) es evidente -dijo- que ustedes van a encontrar cosas que vengan a confirmar esa convicción".
Aseguró que "la teoría" que hay detras de la acusación de que los asistentes parlamentarios del FN, pagados con los fondos del Parlamento Europeo, fueron utilizados por la formación ultraderechista para colocar a empleados que trabajaban para ella "es falsa".
Añadió que no tuvieron "ni medio segundo" la intención de convertir a los asalariados del partido en asistentes de sus eurodiputados para que los pagara el dinero europeo, y la prueba que dio es que eso ocurrió únicamente con seis de un total de 60.
La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, no se privó de replicarle y de negar que tengan de antemano fijada la culpabilidad de los que se sientan en el banquillo.
De Perthuis insistió en que a la hora de fijar el veredicto "lo único" que les interesará "será si los asistentes parlamentarios trabajaron para los diputados a los que estaban vinculados por contrato o para el Frente Nacional", para determinar si hubo malversación de fondos públicos.
Respecto a la acusación de complicidad en la malversación de fondos, la jueza dijo que se trata de determinar "si había un sistema de gestión centralizado" dentro del partido para aprovecharse de esos asistentes.
Marine Le Pen criticó que, de las decenas de miles de correos electrónicos que se requisaron al partido y a sus miembros durante la fase de instrucción, únicamente se están utilizando en el juicio "una decena" que se presentan como "sospechosos", a su parecer sin razón.
Sobre el fondo de la acusación, la líder de la extrema derecha insistió en que las misiones de los asistentes parlamentarios no están prefijadas de antemano, sino que responden a las necesidades de los eurodiputados para su acción política.
"Hay tantas tareas posibles como asistentes parlamentarios", señaló antes de subrayar que le molesta que se le haya echado en cara que uno de sus asistentes parlamentarios fuera su propio guardaespaldas.
Le Pen señaló que, como presidenta del partido, no pidió "nunca" a ningún diputado "que contratara a tal o cual asistente", y que en algunos casos ni siquiera conocía previamente a las personas que se eligieron para esos puestos.
Lo único que reconoció es que en algunos casos había sugerido nombres de personas que conocía porque le parecían competentes.
El proceso, que debe prolongarse hasta finales de este mes, se está celebrando en un momento político delicado en el que la continuidad del Gobierno del primer ministro conservador, Michel Barnier, depende de la Agrupación Nacional, que podría tumbarlo si decidiera apoyar una moción de censura, algo que por el momento no forma parte de su estrategia.
Oficialmente, la posición de Marine Le Pen es que ni el juicio ni la sentencia que dicte el tribunal van a determinar su posición política, ni la decisión de apoyar o no una moción de censura. EFE
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