La UE busca ampliar la financiación climática en la COP29 y convertir a China en donante

Javier Albisu

Bruselas, 4 nov (EFE).- La Unión Europea aborda la COP29 de Bakú con el objetivo de acordar el sistema de financiación climática de países ricos a pobres y vulnerables a partir de 2025 y de conseguir que China acepte colocarse en el grupo de donantes, ya que la realidad socioeconómica del gigante asiático ha cambiado profundamente en las últimas décadas.

El bloque comunitario ha aprobado un mandato negociador para el actual y futuro comisario de Acción Climática, el neerlandés, Wopke Hoestra, quien representará a la UE en la cumbre que se celebrará en la capital de Azerbaiyán entre los próximos 11 y el 22 de noviembre.

Pero esas directrices no desvelan cuánto dinero está la UE dispuesta a aportar en transferencias a los países en desarrollo, especialmente de África, y a los pequeños Estados insulares para ayudarles a afrontar los desafíos del cambio climático, porque formará parte de la negociación en la cumbre de Naciones Unidas.

Lo más importante será "ver como nos aseguramos de que se pone más dinero en la mesa" y "que el dinero llegue a quien lo más lo necesitan, como los pequeños Estados insulares y los países menos desarrollados, particularmente en África" y "alargar la base de contribuyentes", resume Hoekstra.

El Acuerdo de París de 2015 preveía que los países pudientes desembolsaran 100.000 millones de dólares al año en trasferencias antes de 2020. Esa cifra terminó por alcanzarse en 2022 y ahora toca asumir nuevos compromisos a partir de 2025.

En ese debate, Bruselas quiere que los países con músculo financiero "asuman sus responsabilidades como está haciendo la UE", razona el comisario, en una referencia velada hacia China, al que pocos consideran ya un país en vías de desarrollo.

Y tampoco tiene importancia, pues los negociadores comunitarios no se oponen a que Pekín elija mantener el estatus de país en desarrollo, siempre que contribuya económicamente para aliviar los esfuerzos de Estados con menos recursos y posibilidades.

Los Veintisiete, que entre bambalinas contarán también con el experimentado negociador Jake Werksman para allanar el terreno al comisario, se abren además a exigir esfuerzos al sector del petróleo y el gas, dado que el CO₂ y el metano que liberan los combustibles fósiles son el principal vector del cambio climático.

En lenguaje burocrático, el mandato aprobado por los Veintisiete aboga por "identificar y utilizar fuentes de financiación existentes, nuevas e innovadoras, incluyendo del sector de los combustibles fósiles, con el fin de apoyar a los países más vulnerables en la mitigación y en la construcción de resiliencia frente al cambio climático".

Desde la perspectiva europea, la COP29 será muy sensible a la "tensión geopolítica", tanto por la guerra de Rusia contra Ucrania y por la inestabilidad en Oriente Medio a propósito del ataque terrorista de Hamás hace un año que propició la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, y que ahora ha extendido a Líbano.

Pero también, y sobre todo, por las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, que se celebran apenas una semana antes de que arranque la cumbre climática.

Cuando Donald Trump ejerció de inquilino de la Casa Blanca (2017-2021) inició el proceso para retirar a EE.UU. del Acuerdo de París, pero bien su sucesor, el demócrata Joe Biden, abortó esa maniobra al llegar al poder.

Una hipotética victoria frente a Kamala Harris que diera al republicano un segundo mandato trastornaría la conferencia de Bakú, y probablemente también los frágiles equilibrios globales en política climática.

La UE también tratará de desarrollar en Bakú el Artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mercados de carbono, de forma que países que liberen poco CO₂ puedan vender derechos de emisión a quienes más generen.

La principal complicación reside en cómo aportar transparencia a ese mecanismo y cómo garantizar una contabilidad impecable, así como decidir si ese registro de intercambios quedaría bajo la gestión de Naciones Unidas.

Por otro lado, la Unión Europea también tendrá que defender su Mecanismo de Ajuste de Carbono (CBAM), un sistema para evitar que la industria europea se fugue a jurisdicciones con normas medioambientales más laxas, se diseñó para no utilizarse.

La UE buscaba presionar para que otros países se dotaran de sistemas que graven el CO₂ de las industrias, en línea con el mercado de emisiones ETS de la UE. Pero el limitado éxito de esa maniobra de seducción ha sido limitado y el CBAM, ahora en fase piloto, se aplicará definitivamente en 2026.

Si el bloque comunitario no retrasa su aplicación, como está a punto de hacer con su ley para que los productos comunitarios no generen deforestación en ningún lugar del mundo ante la presión de muchos terceros países, a partir de esa fecha la UE gravará las importaciones de hierro, acero, cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad e hidrógeno cuya producción genere más CO₂ del permitido dentro de las fronteras del club comunitario.

Se espera que afecte en particular a China, Turquía, Reino Unido, Egipto, Argelia y Serbia, Bosnia y Herzegovina, Arabia Saudí, Albania, Túnez, Marruecos Ucrania, Brasil, Taiwán, Corea del Sur, Baréin o Mozambique y, como ha ocurrido antes en otros foros internacionales, el CBAM probablemente vuelva a generar críticas también en la COP29 de parte de quienes entienden que es una herramienta proteccionista. EFE