Una ONG salvadoreña pide al Gobierno ser "responsable" con las víctimas de la guerra civil

San Salvador, 1 nov (EFE).- La organización humanitaria Tutela Legal 'María Julia Hernández' pidió este viernes al Gobierno salvadoreño ser "responsable" con las reparaciones para las víctimas de la guerra civil (1980-1992), principalmente por las desapariciones.

"Pedir al Gobierno que actúe como una entidad responsable sobre la situaciones que padece la población, la reparación por excelencia en este caso es la Justicia", dijo el director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio.

Los representantes de esta organización y sobrevivientes de la guerra civil presentaron ofrendas florales en el Monumento a la Memoria, en la capital salvadoreña, para recordar a miles de personas asesinadas y desaparecidas en el marco del conflicto interno.

Mauricio pidió además que se juzgue y condene penalmente "a quienes violentaron los derechos humanos" y cuya autoría principalmente se atribuye al Ejército salvadoreño.

"No sabemos por qué el Estado no hace lo que le corresponde, hacer justicia en estos casos, juzgar a esos militares. Creemos que hay un acuerdo entre ellos para no juzgarse", lamentó el defensor de derechos humanos.

David Ortiz, abogado de Tutela Legal, señaló que una propuesta de ley de reparación presentada recientemente al Congreso, por tercera ocasión desde 2019, incluye un apartado para el acceso a la Justicia para las víctimas.

Recordó que una sentencia de inconstitucionalidad de 2016, que anuló una ley de amnistía de 1993, ordenó al Congreso emitir una ley de justicia trancisional, misma que no se ha promulgado.

"Todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que ejercieron el cargo posteriormente a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía han cometido desacato", apuntó el letrado y recalcó que los diputados vigentes también incurren en este delito al no aprobar la referida norma.

La propuesta fue presentada por los miembros de la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.

Entre 1980 y 1992, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberacióón Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos.

La ley de amnistía frenó por décadas los proceso penales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra civil, principalmente por el Ejercito salvadoreño, y su anulación permitió la reapertura de casos, como la masacre de al menos 1.000 campesinos en la remota localidad de El Mozote.

Sin embargo las organizaciones humanitarias han señalado que estos casos se mantienen paralizados, especialmente después de una reforma judicial impulsada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI) que obligó a jubilar a buena parte de los jueces. EFE