Lisboa, 31 oct (EFE).- El Tribunal Central Penal de Lisboa inició este jueves el juicio contra 11 personas y 15 empresas acusadas de defraudar cerca de 2.900 millones de euros al IVA en varios países comunitarios, informó la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés).
La EPPO explicó en un comunicado que se trata del primer procedimiento de esta magnitud contra el fraude impulsado por su gestión hasta la fecha.
Los investigados, nueve portugueses y dos franceses, son sospechosos de crear y operar una organización criminal que se dedicaba a la venta de artículos electrónicos en el mercado europeo sin pagar el IVA.
Según sus cifras, con esta red, pueden haber defraudado a la Unión Europea y a los presupuestos nacionales de los países afectados cerca de 2.900 millones de euros.
El proceso en Portugal habría generado un perjuicio de 80 millones de euros.
En causa están los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción activa y pasiva en el sector privado y falsificación de documentos, que habrían sido llevados a cabo entre 2016 y 2022.
La Fiscalía Europea especificó que el proceso contra uno de los sospechosos en esta operación fue suspendido "por determinadas obligaciones" y será desarrollado por separado.
Actualmente hay tres sospechosos que se encuentran en prisión preventiva y un cuarto se encuentra bajo arresto domiciliario.
En lo que se refiere a las empresas investigadas, 14 están registradas en Portugal y una lo está en Chipre.
El tribunal lisboeta ha agendado 17 audencias que tendrán lugar entre este jueves y el 16 de enero de 2025, dejando abierta la posibilidad de programar nuevas citas hasta el final del juicio.
Si la acusación sale adelante, los sospechosos podrán ser condenados a penas de tres años por la falsificación de documentos y de hasta ocho años por cada uno de los delitos restantes.
Las empresas investigadas podrían quedar sujetas a pagar una multa o a ser disueltas.
La EPPO es una entidad independiente de la Unión Europea (UE), responsable de conducir la acción penal, en la investigación y juicio, contra delitos que perjudican los intereses financieros de la UE. EFE
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