La Presidencia de la Autoridad Palestina ha afirmado este martes que planteará llevar la prohibición por parte del Parlamento israelí de la actividad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA) ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU.
Según un comunicado recogido por la agencia palestina WAFA, la Presidencia ha decidido "actuar urgente e inmediatamente" para discutir con los países que acogen a refugiados palestinos la posibilidad de acudir tanto a los organismos internacionales y otras organizaciones internacionales, teniendo en cuenta que la medida implica el derecho al retorno de la población palestina.
Así, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para "tomar decisiones serias para detener la manipulación israelí, que conducirá a más tensión e inestabilidad", puesto que ha responsabilizado "plenamente al Gobierno israelí de las graves repercusiones de esta decisión".
"Valoramos una vez más las posiciones del grupo de países que expresaron su rechazo, preocupación y temor por las repercusiones de esta peligrosa e inaceptable tendencia israelí, que desafía la voluntad internacional y el derecho internacional, y su llamamiento al Gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones internacionales, preservar los privilegios e inmunidades de la UNRWA sin prejuicios y cumplir con sus responsabilidades", ha señalado.
También ha destacado que "sin una solución justa a la cuestión palestina basada en la legitimidad internacional y la Iniciativa de Paz Árabe, todas las actuales prácticas israelíes agresivas e inaceptables no traerán seguridad ni estabilidad, sino que, por el contrario, intensificarán las tensiones en la región".
El proyecto de ley aprobado en la víspera por la Knesset prohíbe que la agencia opere tanto en Israel como en territorios palestinos ocupados al revocar un texto de 1967 que sirvió de base para sus actividades. Israel acusó en marzo a un número importante de trabajadores de la UNRWA de formar parta "de grupos terroristas", lo que movió a una quincena de países a congelar los fondos, privándole de golpe de 450 millones de dólares y poniendo en duda la continuidad de sus operaciones.