Justicia hondureña libera a cinco defensores del ambiente, uno de ellos recién asesinado

Liberación de los ambientalistas ocurre en medio de amenazas y el asesinato de Juan López, defensor de derechos humanos, mientras la iglesia y la comunidad exigen investigaciones sobre la administración municipal de Tocoa

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Tegucigalpa, 29 oct (EFE).- Una jueza de Honduras ordenó este martes la libertad definitiva de cinco ambientalistas que en 2019 fueron acusados por la Fiscalía General del Estado cuando se oponían a un proyecto minero en el departamento de Colón, en el Caribe del país, entre ellos Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre.

En un comunicado, el Poder Judicial de Honduras indicó que la jueza Zoe Guifarro, en cumplimiento a una sentencia de amparo otorgada en junio de 2022, ordenó restituir el debido proceso a favor de los defensores de Guapinol y emitió las correspondientes "cartas de libertad definitivas en virtud del sobreseimiento definitivo decretado en su momento por el Juzgado con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal".

Los cinco hondureños acusados por la Fiscalía en 2019 son Juan López, asesinado en septiembre; Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo y Marco Tulio Ramos.

Los defensores del ambiente fueron acusados por "los delitos de privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita en perjuicio de Santos Hernández Corea, de la empresa Los Pinares, y la seguridad interior del Estado de Honduras", señaló el Poder Judicial.

Los ambientalistas, que además eran miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos del municipio de Tocoa, fueron detenidos por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, alegando que está situado en una zona protegida y que afectará los ríos Guapinol y San Pedro.

Con la resolución de la jueza Zoe Guifarro "se cierran y se archivan las diligencias del presente caso", añade el comunicado del Poder Judicial.

Juan López, quien también era concejal de la Alcaldía de Tocoa y estaba ligado a la pastoral católica, fue asesinado en el interior de su vehículo, en un barrio de esa ciudad del departamento de Colón, donde los defensores del ambiente son perseguidos y amenazados de muerte con frecuencia.

En el caso de López, fue asesinado a pesar de que tenía medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ambientalistas, defensores de derechos humanos y la iglesia Católica, entre otros sectores, responsabilizan de la muerte de López al alcalde de Tocoa, Adán Funes, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente hondureño Manuel Zelaya, ahora asesor de su esposa, Xiomara Castro, la presidenta hondureña.

El obispo de la Diócesis de Trujillo, Colón, Henry Ruiz, hizo hoy un nuevo llamamiento a las autoridades de Honduras a que investiguen la administración municipal de Adán Funes.

Además, le pidió al alcalde de Tocoa que renuncie, porque ha traicionado a su pueblo..

"Al Ministerio Público (Fiscalía) le pedimos una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y pronta, con asistencia técnica internacional que conduzca al enjuiciamiento de los actores materiales e intelectuales de este vil y cobarde crimen", expresó el obispo. EFE

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