Brasilia, 30 oct (EFE).- Decenas de indígenas de todo Brasil se movilizaron este miércoles ante la sede del Congreso, en Brasilia, para entregar una carta en la que solicitan que se archiven las propuestas en curso que afrontan sus derechos a la tierra.
La declaración, emitida por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), denuncia "los ataques continuos y sistemáticos" a sus derechos, que "amenazan su supervivencia como pueblos originarios".
Asimismo, acusa a los tres poderes de prestar más atención a los intereses de "los ruralistas y las corporaciones" relacionadas con la industria agropecuaria y la minería, que "solo buscan explotar económicamente sus territorios".
El malestar de los pueblos originarios se debe a la polémica 'Ley de Marco Temporal', que limita los derechos de los indígenas a sus tierras.
Esta legislación, aprobada ya por el Congreso, pero objeto de demandas en el Supremo, parte de la tesis que establece que los derechos de los indígenas sobre sus tierras se limitan a aquellas que efectivamente ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución brasileña.
En paralelo, tramita en el Senado un proyecto que pretende incorporar esa tesis del marco temporal a la Constitución, con el objetivo último de enterrar todos los procesos judiciales abiertos por su inconstitucionalidad, declarada previamente por el Supremo.
El coordinador jurídico de Apib, Mauricio Terena, afirmó a EFE que esa ley es una prioridad de "los diputados de extrema derecha", quienes quieren imponer -dijo- su poder frente al Gobierno y al Supremo para favorecer los sectores agrícola y ganadero.
Además, sostuvo que el hecho de que se siga discutiendo demuestra que "los poderes no están conviviendo en armonía" y que, a pesar del apoyo del Gobierno, "los pueblos indígenas viven una situación muy delicada".
La ley del Marco Temporal fue aprobada por el Parlamento, de mayoría conservadora, en un contexto de fuertes manifestaciones y a pesar de que la Corte Suprema había declarado previamente la inconstitucionalidad de la tesis que sustenta la medida.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegó a vetar el proyecto aprobado por el Parlamento, que reaccionó de inmediato y lo restituyó.
Fue entonces cuando el Supremo, sin llegar a suspender la ley, llamó a las partes implicadas a una mesa de conciliación, de la que se levantaron los representantes de los indígenas por divergencias sobre el desarrollo de la misma. EFE
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