(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a Virginia eliminar a alrededor de 1.600 votantes de su padrón electoral, dividiéndose según líneas ideológicas en una prueba temprana del papel que los jueces podrían desempeñar en las elecciones presidenciales de la próxima semana.
Con los votos en contra de los tres jueces liberales, la corte suspendió un fallo de un tribunal inferior que afirmaba que la cancelación masiva de registros de votantes en Virginia violaba el “período de silencio” de 90 días establecido por la ley federal. Como suele suceder con las órdenes de emergencia, la corte no dio ninguna explicación.
Aunque Virginia no es un estado disputado, el caso giró en torno a lo que se ha convertido en un punto álgido en la carrera presidencial: las afirmaciones de Donald Trump sobre el voto generalizado de ciudadanos no estadounidenses, algo que los investigadores y los funcionarios electorales estatales y locales han constatado que es poco frecuente. También ha sido uno de los pocos casos relacionados con las elecciones que ha llevado el Departamento de Justicia estadounidense.
La orden de la Corte Suprema no es una decisión definitiva sobre si Virginia puede ejecutar un programa de eliminación similar antes de futuras elecciones, pero significa que no tendrá que restablecer los nombres eliminados y podrá cancelar más registros antes del 5 de noviembre a través del programa, que se basó en datos de ciudadanía del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
Virginia fue el segundo estado que enfrenta medidas similares en las últimas semanas de la campaña por sus esfuerzos para eliminar a residentes sospechosos de ser extranjeros. Una jueza federal impidió que el secretario de estado republicano de Alabama llevara a cabo la eliminación de más de 3.000 personas de sus registros electorales. El estado no apeló de forma inmediata.
La batalla legal en Virginia giraba en torno a si el programa de cancelación era “sistemático” o se basaba en investigaciones individualizadas sobre la elegibilidad de un residente para votar. La Ley Nacional de Registro de Votantes federal prohíbe las eliminaciones sistemáticas en los 90 días anteriores a una elección, para proteger a los votantes que cumplen con los requisitos de que se les retire erróneamente su derecho a votar sin tiempo suficiente para solucionar cualquier problema con su estatus.
El estado sostuvo que el programa se basaba en información que las personas proporcionaban al DMV, incluida la marca de una casilla en un formulario que indicaba que no eran ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia y los grupos de defensa privados que también presentaron la demanda argumentaron que los datos del DMV podrían ser erróneos si los residentes se habían naturalizado ciudadanos estadounidenses más tarde o simplemente habían marcado la casilla equivocada. Dijeron que habían identificado nombres en la lista de votantes purgados que eran ciudadanos estadounidenses.
Los abogados de Virginia reconocieron que podría haber errores, pero argumentaron que el estado tenía un fuerte interés en garantizar que solo los electores con derecho a voto estuvieran registrados para sufragar.
La disputa tiene su origen en una orden ejecutiva que el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, firmó el 7 de agosto, 90 días antes de la jornada electoral. Exigía a la oficina electoral del estado certificar que disponía de un sistema para actualizar diariamente las listas de votantes, incluida la eliminación de nombres basándose en los datos de ciudadanía del DMV. El proceso de eliminación había estado en vigor durante años, pero normalmente se llevaba a cabo mensualmente.
Un juez federal de Alexandria, Virginia, dictó la orden de bloqueo del programa el 25 de octubre, y el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. rechazó la petición del estado de deshacer esa orden a tiempo para las próximas elecciones.
Nota Original: Supreme Court Lets Virginia Purge Voter Rolls for Election (2)
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