Hong Kong rechaza fijar plazos para procesamiento de detenidos durante protestas de 2019

Hong Kong, 29 oct (EFE).- El máximo responsable de la seguridad hongkonés reiteró que no existe un plazo definido para encausar a los cerca de 7.000 manifestantes detenidos tras el estallido de las protestas antigubernamentales de 2019 y afirmó que las autoridades podrían perseguir a algunos infractores incluso "después de 20 años".

Las autoridades de la ciudad semiautónoma han recibido llamamientos de diversos sectores para que resuelvan los expedientes pendientes, cinco años después de que las protestas desatadas contra el gobierno azotaran el territorio.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, rechazó la posibilidad de establecer un plazo para el procesamiento de miles de manifestantes detenidos en una entrevista con el South China Morning Post.

Tang argumentó que tal medida iría en contra del espíritu del Estado de Derecho y advirtió que "establecer un plazo límite para el procesamiento podría legalizar actos ilegales".

El funcionario subrayó que "a menos que haya un límite temporal, presentaremos un caso cuando tengamos pruebas suficientes y previo acuerdo del Departamento de Justicia”.

La policía hongkonesa informó que de 10.279 personas, con edades entre 11 y 87 años, fueron detenidas durante estas manifestaciones. Hasta septiembre, otras 2.974 permanecían en proceso judicial. De este grupo, 2.403 se declararon culpables o fueron condenados, lo que indica que más de 7.000 arrestados no fueron imputados en su momento.

Con todo, Tang rechazó el argumento de que las autoridades han actuado de manera injusta con los miles de detenidos que siguen esperando resolución cinco años después.

"Si tuviéramos pruebas y supiéramos quién es usted, pero optáramos por no detenerle hasta el momento en que quisiéramos hacerlo, entonces no estaría bien. Pero necesitamos tiempo para reunir pruebas; esto es razonable”, señaló.

El funcionario destacó que el proceso de revisión de las grabaciones de las cámaras de vigilancia es complejo, ya que requiere identificar a cada individuo y extraer información relevante, considerando el gran número de personas que "salieron a amotinarse" en ese momento.

Asimismo, el ministro aseguró que aquellos que hayan infringido la ley y abandonado Hong Kong serán detenidos si regresan, incluso "después de 20 años".

Hong Kong busca a al menos catorce antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, a los que la Policía investiga por casos de “confabulación con fuerzas extranjeras” o de “incitación a la secesión y a la subversión”.

Las autoridades ofrecen un millón de dólares hongkoneses (unos 128.675 dólares, 118.985 euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de los sospechosos de violar la Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso en la excolonia británica en junio de 2020.

Desde la entrada en vigor el pasado marzo de la nueva Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, de alcance extraterritorial, los activistas exiliados están expuestos a medidas punitivas, como la anulación de su pasaporte, mientras que aquellos que los financien, incluyendo a sus familiares, corren el riesgo de ser igualmente condenados.

En esta regulación figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección o la connivencia con fuerzas externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.

La normativa ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una "nueva era de autoritarismo" que podría socavar el principio de "un país, dos sistemas", fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad. EFE