Jerusalén, 28 oct (EFE).- “Rechazamos y condenamos esta ley", afirmó la Presidencia palestina este lunes, en respuesta a la aprobación por parte de la Knéset (Parlamento israelí) de dos leyes para prohibir la actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Israel, incluido el anexionado Jerusalén Este, y limitar su capacidad operativa en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza.
En un comunicado difundido el lunes, el portavoz de la presidencia palestina en Ramala, Nabil Abu Rudeineh, aseguró que su Gobierno no permitirá la legislación, que entrará en vigor dentro de tres meses, y sentenció que "la abrumadora mayoría de la Knéset refleja la transformación de Israel en un Estado fascista”.
Horas antes, el presidente palestino, Mahmud Abás, había expuesto su preocupación ante la aprobación de las leyes israelíes y había advertido que esto supone traspasar "una línea roja".
"La cuestión de los refugiados es el núcleo de la cuestión palestina y no hay solución sin resolver la cuestión de los refugiados de manera justa", recoge un comunicado de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), difundido por la agencia oficial Wafa.
La Presidencia palestina asegura que estos proyectos de ley constituyen una "violación del derecho internacional y una provocación a toda la comunidad internacional" y recordó que la UNRWA fue establecida "de conformidad con una resolución de la ONU".
"Sin el continuo apoyo político, financiero y militar de Estados Unidos a la ocupación, (Israel) no se habría atrevido a desafiar a la comunidad internacional y adoptar políticas que inundaron la región con violencia e inestabilidad", agregan.
Este lunes la Knéset retomó su actividad parlamentaria tras concluir su receso de tres meses.
En una primera votación, la Knéset denegó a la UNRWA abrir oficinas o proporcionar "servicios directos o indirectos" dentro del territorio soberano de Israel, incluido el anexionado Jerusalén Este, tras una votación aprobada con 92 votos a favor y 10 en contra.
“Los trabajadores de la UNRWA que participan en actividades terroristas contra Israel deben rendir cuentas”, dijo tras esta votación el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre una de las principales acusaciones para esta última embestida.
“En los 90 días anteriores a la entrada en vigor de esta ley –y después– estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que Israel siga facilitando ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una manera que no amenace la seguridad de Israel”, añadió el mandatario.
Poco después, una segunda ley recibió también la luz verde de los legisladores, prohibiendo a cualquier funcionario o entidad pública israelí establecer contacto con la UNRWA o sus empleados, la cual pasará a ser designada "organización terrorista".
La UNRWA fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a más de cinco millones de refugiados palestinos -muchos descendientes de los cientos de miles de desplazados por la creación del Estado de Israel- que viven ahora en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.
La UNRWA es "la columna vertebral de las operaciones humanitarias en Gaza", dijo a EFE Jonathan Fowdler, uno de los portavoces del organismo, quien destacó que sin el trabajo de la agencia, 660.000 niños gazatíes perderían a la única entidad capaz de continuar con su educación.
La agencia, que cuenta con más de 30.000 empleados, aseguró meses después que Israel no había presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estos trabajadores en los atentados, mientras que una investigación independiente, a cargo de la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna, avaló en marzo la neutralidad de la actividad humanitaria de la agencia, aunque detectó "áreas críticas". EFE