La Unión Europea está ultimando el nombramiento de un enviado especial para Siria, en medio de un posible cambio de la posición de los Estados miembros sobre las relaciones con Damasco, congeladas desde 2011 tras el estallido de la guerra civil en medio de las revueltas por las primaveras árabes.
"El Alto Representante está considerando actualmente designar un enviado especial para Siria. Es un proceso en marcha", ha informado la portavoz de Exteriores, Nabila Massrali, confirmando el interés de los países de la UE por retomar las relaciones con el régimen de Bashar al Assad, más de una década después del inicio de la guerra civil.
La UE tiene una decena de enviados especiales para distintas zonas geográficas que realizan una labor de diplomacia y enlace con una región considerada importante para la política exterior del bloque. Su papel es desarrollar una presencia "más fuerte y eficaz" de la UE en su idea de ser un actor "efectivo, más coherente y más capaz en la escena mundial", siendo la "voz y rostro" de la UE y sus políticas", explica el propio Servicio de Acción Exterior de la UE.
Este giro se produce también en un momento en el que en el seno de la UE se mira a Siria para el retorno de voluntarios de migrantes y refugiados, pese a que Naciones Unidas sigue señalando que Siria no es un lugar seguro al que regresar.
La Comisión Europea se abrió hace meses a explorar fórmulas para permitir el retorno voluntario de refugiados sirios a su país de origen, toda vez Ursula von der Leyen defendió un "enfoque estructurado" para el regreso voluntario.
El viraje de la UE llegaría después de que la Liga Árabe decidiera readmitir a Damasco en 2023, tras ser expulsada de la organización en 2011 por la represión de las protestas y el estallido de la guerra civil.
SANCIONES DE LA UE CONTRA SIRIA
De todos modos, la UE mantiene una panoplia de sanciones contra el régimen de Al Assad que incluye una 'lista negra' de 289 personas y 70 entidades contra las que pesa una inmovilización de activos como la prohibición de viajar a las que se aplica la inmovilización de activos.
Las medidas se retrotraen a 2011 y fueron tomadas en respuesta a la violenta represión sobre la población civil. También se dirigen contra empresas y destacados empresarios que sacan provecho de sus vínculos con el régimen y de la economía de guerra.
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