Piden a Fiscalía salvadoreña investigar irregularidades en uso de 513 millones para bono

San Salvador, 24 oct (EFE).- Abogados de la organización Cristosal pidieron este jueves a la Fiscalía de El Salvador que investigue las irregularidades encontradas en la entrega de un bono por el Gobierno de 300 dólares a la población en la pandemia de la covid-19, que habría alcanzó un monto de 513 millones.

Ruth López, de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, dijo a periodistas que "se han identificado varias irregularidades" y señaló que esto derivó en que "a miles de personas que les correspondía (el bono) no se le entregara".

Indicó que "no se establecieron los controles suficientes para supervisar los pagos realizados por las diversas instituciones públicas" y "estamos hablando de más de 513 millones que en este momento fueron utilizados para el pago de ese subsidio".

"Hubo contrataciones directas de empresas y convenios de cooperación que no fueron debidamente documentados" y "se realizaron pagos indebidos en concepto de subsidio a personas que no les correspondía", sostuvo.

Relató que un solo número de documento de identidad habría recibido 1.293 veces la entrega, lo que representaría unos 387.900 dólares, además de que se le asignó a personas fallecidas y se realizó el cobro.

Cristosal detalló en un comunicado que en un examen especial de la Corte de Cuentas se detectaron "22 irregularidades en el proceso de distribución, entre las que se incluyen la falta de controles, la carencia de documentación en las operaciones y contrataciones irregulares de empresas".

Señaló que "entre los funcionarios que participaron en el proceso de distribución del subsidio y que podrían estar involucrados se encuentran Vladimir Handal Monterrosa (entonces secretario de Innovación), María Luisa Hayem (ministra de Economía) y Mario Edgardo Durán Gavidia (entonces ministro de Gobernación)".

"Cristosal insta a la Fiscalía General de la República a iniciar las acciones legales correspondientes para que se determinen las responsabilidades penales de los involucrados y reitera la necesidad de transparencia y justicia en la gestión de los recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia", concluyó.

De acuerdo con la Presidencia de El Salvador, el referido bono se habría entregado a un millón de hogares afectados económicamente por la pandemia en 2020.

El Gobierno de Nayib Bukele rompió en junio de 2021 el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) con la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Cicies presentó al menos 12 avisos a la Fiscalía, lo que derivó en investigaciones penales y el allanamiento de diversas dependencias del Gobierno por el uso de recursos destinados a la atención de la pandemia.

Se desconoce si estas investigaciones siguieron en pie tras la destitución el 1 de mayo de 2021 del fiscal Raúl Melara y la elección de Rodolfo Delgado, un exasesor de un banco estatal, como su sucesor. EFE