La Haya, 23 oct (EFE).- El partido de derecha radical PVV, socio mayoritario del Gobierno neerlandés, aceptó este miércoles renunciar al uso de una controvertida ley de emergencia nacional para frenar el asilo en Países Bajos sin consultar al Parlamento, aunque, a cambio, logró el compromiso de su socio más exigente para aplicar medidas extremas contra la llegada de refugiados.
El PVV de Geert Wilders y el partido democristiano NSC se han reunido en los últimos días sin sus otros dos socios y a puerta cerrada, para definir la política de asilo que deberá aplicar el gobierno que dirige Dick Schoof, un funcionario neerlandés sin afiliación política al frente de un gabinete de políticos, y han acordado hoy que no se aplicará una controvertida ley de emergencia nacional, con la que la derecha radical pretendía saltarse al Parlamento para aplicar mano dura contra los refugiados.
Los liberales del VVD y el partido de los granjeros, BBB, se han sumado esta tarde a las reuniones, una vez el PVV y NSC han alcanzado un primer acuerdo, ya que se considera que estos dos últimos son los socios con más diferencias dentro de la coalición, en especial porque Wilders no quería renunciar a la ley de emergencia nacional, y NSC tenía objeciones sobre la legalidad de esta medida.
Según un borrador del acuerdo, publicado por la televisión pública neerlandesa, NOS, el gabinete de Schoof aplicará una ley normal que, a diferencia de la de emergencia nacional, sí tendrá que ser presentada y debatida en el Parlamento, e incluirá una serie de medidas como la eliminación del permiso de residencia por tiempo indefinido, y la reducción de las residencias temporales a tres años, en lugar de los cinco actuales.
Además, no se permitirá la reagrupación familiar de hijos mayores de edad y parejas no casadas, y la ley facilitará declarar como "no deseadas" a personas que sean condenadas por algún tipo de delito. Esta nueva norma se denomina sobre el papel “ley de medidas de emergencia sobre el asilo”.
El gabinete también pondrá fin “posiblemente este año” a la ley que obligaba a los municipios a acoger a un número determinado de refugiados y solicitantes de asilo.
Los municipios no estarán obligados a asignar viviendas a un porcentaje de refugiados, y estos tampoco podrán rechazar la vivienda que se les ofrezca, poniéndose en marcha “instalaciones austeras” para suplir la falta de alojamientos.
Los socios del gobierno ponen énfasis en Siria: algunas partes de ese país árabe, en guerra desde 2011, serán declaradas “seguras”, lo que permite la devolución de solicitantes de asilo que aún están a la espera de su permiso de residencia, y tampoco se descarta la deportación de aquellos que ya tengan residencia legal en Países Bajos.
El documento también añade que, a partir de finales de noviembre, habrá controles fronterizos en Países Bajos, invocando el artículo 25 del Código de Fronteras Schengen, y los migrantes en situación irregular que ya hayan solicitado asilo en otro país serán devueltos a los países fronterizos, como Alemania o Bélgica.
Los cuatro partidos de la coalición discutirán ahora todas estas ideas, bajo la dirección del primer ministro Schoof, y si VVD y BBB aprueban los planes, se espera que el gabinete tome una decisión en el consejo de ministros de este viernes. EFE