Defensora del Pueblo UE afea a Bruselas esconder su evaluación sobre DDHH antes del acuerdo migratorio con Túnez

La Defensora del Pueblo de la UE exige a la Comisión Europea mayor transparencia y criterios claros para suspender la financiación a Túnez ante violaciones de Derechos Humanos y preocupaciones migratorias

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La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, ha criticado este miércoles a la Comisión Europea por no publicar las conclusiones de su análisis sobre la situación de los Derechos Humanos en Túnez que dice haber llevado a cabo antes de suscribir con este país un acuerdo de 150 millones de euros para reformas que incluye compromisos para contener los flujos migratorios irregulares.

Así, el organismo europeo alerta d que el Ejecutivo comunitario "no ha publicado ninguna información sobre el ejercicio de gestión de riesgos en el que se basó" para suscribir el Memorando de Acuerdo con Túnez en 2023 y ello "a pesar de las preocupaciones de la opinión pública" sobre la situación de los Derechos Humanos y del trato a los migrantes.

En su informe, O'Reilly también subraya la obligación de Bruselas de "garantizar que los fondos europeos no apoyan acciones que violen los Derechos Humanos" y reclama al Ejecutivo de Ursula von der Leyen que establezca y publique "criterios concretos" para suspender la financiación a Túnez en caso de que se identifiquen vulneraciones graves.

El acuerdo negociado por la Comisión Europea con las autoridades tunecinas incluye disposiciones sobre la lucha contra la migración irregular, apoyo para la gestión de la frontera exterior y medidas contra el contrabando.

Ante las críticas recibidas, Bruselas argumentó que no estaba obligada a cumplir una evaluación específica sobre el impacto para los Derechos Humanos antes de la firma del pacto en cuestión pero que, pese a ello, completó un "ejercicio de evaluación" similar pero nunca ha publicado los resultados pese a la petición de organismos no gubernamentales.

En este contexto, la Defensora del Pueblo insiste en que hubiera sido preferible una evaluación formal del riesgo para los derechos fundamentales que supone la aplicación del acuerdo y recalca que este tipo de análisis deben hacerse públicos; por lo que reclama que Bruselas haga un ejercicio de transparencia y publique un resumen del ejercicio de gestión de riesgos que evoca.

Preguntado por esta comunicación, la Comisión se ha limitado a "tomar nota" de las conclusiones y recomendaciones de O'Reilly y celebrado que la investigación en todo caso haya sido cerrada. "La Comisión Europea confiere una gran importancia a la transparencia", ha dicho la portavoz comunitaria Ana Pisonero, quien también ha afirmado que Bruselas "siempre está dispuesta a considerar posibles formas de mejorar la supervisión de los Derechos Humanos".

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