Buenos Aires, 23 oct (EFE).- Ambientalistas de Argentina cuestionaron este miércoles la decisión de la Corte Suprema de dar por cerrado el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad este martes dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.
"En 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo", lamentó este miércoles la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado.
La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país suramericano.
En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.
En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.
Según la FARN, la decisión adoptada este martes por la Corte de dejar de supervisar ese proceso y cerrar el caso representa "una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia" de 2008 que ahora, 16 años después, "permanecen mayoritariamente incumplidos".
Desde 2006 y hasta 2023, el Estado nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Acumar han hecho millonarias inversiones en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca, que ha alcanzados diversos grados de ejecución.
Pese a los avances que Acumar asegura haber concretado, FARN advirtió en su comunicado que "subsisten demoras en la ejecución de obras", como las de expansión de redes de agua y cloaca y de infraestructura destinada a urbanización, y que los indicadores "dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008".
La FARN también observó que en 2018 la propia Corte había advertido sobre la "marcada debilidad institucional de la Acumar y un desempeño de escaso rendimiento", "deficiencias que se ven profundizadas en la actualidad" a partir de 40 despidos en ese organismo y una caída del 28,2 % en términos reales en el presupuesto para el saneamiento de la cuenca desde que Javier Milei inició su Gobierno en diciembre pasado. EFE
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