¿Viola o no los derechos humanos de los migrantes el plan italiano de enviarlos a Albania?

Ginebra, 22 oct (EFE).- El primer envío a Albania de migrantes interceptados en el mar por Italia generó polémicas y enfrentamientos entre el Ejecutivo de Giorgia Meloni y la Justicia de su país ante las fuertes dudas sobre si esta medida es conforme a las normas internacionales de derechos humanos, entre ellas la Convención sobre los Refugiados de 1951.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ya advirtió en agosto que vigilaría si el plan cumplía la convención, señalando además que no había sido consultada durante las negociaciones entre Italia y Albania.

"ACNUR ha acordado cumplir un papel de monitoreo durante tres meses, y después de ese periodo evaluaremos la situación y una posible prolongación de esta actividad", señaló a EFE el portavoz de la agencia Matthew Saltmarsh, quien aclaró que esa labor acaba de comenzar, con la presencia de técnicos de la agencia en los dos centros albaneses construidos para la acogida de migrantes.

Ya cuando Albania e Italia anunciaron la consecución del acuerdo, el 6 de noviembre de 2023, ACNUR avisó de que en cualquier circunstancia la principal responsabilidad de los solicitantes de asilo recaería en el primer país de llegada, Italia en este caso.

El organismo ha señalado que los Estados pueden coordinarse entre sí para la protección de migrantes y refugiados, pero siempre y cuando sus acuerdos sirvan para establecer una responsabilidad compartida y no para liberarse de responsabilidades, ya que en este caso estarían violando la Convención de 1951.

"Los acuerdos que incluyen una transferencia legal de solicitantes de asilo pueden ser aceptables, pero bajo la condición de que avancen en la cooperación internacional para la protección de refugiados", agregó Saltmarsh.

"Estas transferencias deben hacerse con la garantía de que las leyes internacionales de derechos humanos y para la protección de refugiados se cumplen, y de que el acuerdo contribuya a compartir responsabilidades, pero no a rehuirlas", subrayó el portavoz.

Una de las mayores preocupaciones de ACNUR es que la externalización de la gestión de esos grupos de personas lleve a su "almacenamiento indefinido" en lugares apartados, lo que además les pone en riesgo de una "devolución indirecta", entre otros peligros.

ACNUR por ahora ha sido comedida a la hora de comentar el acuerdo entre Italia y Albania, ambos firmantes de la Convención de 1951, aunque organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han sido más contundentes y han emitido informes en los que enumeran las muchas brechas a la ley internacional que estas transferencias pueden entrañar.

Para empezar, pueden violar la Convención Internacional sobre Búsqueda y Rescate Marítimo y la que regula la seguridad marítima, y que estipulan que un Estado está obligado a rescatar a personas varadas en el mar con rapidez, dándoles un trato humano y garantizándoles un desembargo seguro.

AI también considera posibles violaciones al derecho a la libertad de las personas que sean llevadas a Albania, que podrían pasar periodos de hasta seis meses a la espera de que finalicen los procedimientos de asilo (o 18 meses si éste finalmente se niega y se decreta su expulsión).

Ello constituiría detenciones ilegales que contravendrían acuerdos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su equivalente para los derechos de trabajadores migrantes, o la Convención Europea de Derechos Humanos. EFE