El Gobierno italiano ha formalizado este lunes el recurso contra la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Roma y que implicó el retorno a Italia de los migrantes que habían sido trasladados a Albania, uno de los principales ejes de la política migratoria del Ejecutivo de Giorgia Meloni.
El Ministerio del Interior esgrime ahora discrepancias en torno a las leyes relativas a países seguros, según la cadena RAI. Los jueces se agarraron a un fallo previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para señalar que los países de origen de los migrantes, Bangladesh y Egipto, no podían considerarse seguros y, por tanto, no cabía traslado alguno a un tercer Estado.
El Gobierno ha respondido también al varapalo judicial desde el terreno político, con un decreto aprobado el lunes en Consejo de Ministros y con el que aspira a blindar la lista de países seguros. El texto, con el que Meloni deja claro que se ceñirá a su actual estrategia migratoria, deberá ser refrendado por el Parlamento en un plazo de dos meses.
Italia y Albania suscribieron en diciembre de 2023 un pacto bilateral por el cual los migrantes que llegasen por mar a las costas italianas podían ser trasladados a suelo albanés, a dos centros habilitados 'ex profeso' donde esperarían la resolución de sus solicitudes de asilo.
En un primer grupo, fueron trasladados 16 migrantes, de los cuales cuatro tuvieron que ser retornados en un primer momento por tratarse de menores de edad y personas vulnerables. Los doce restantes terminaron regresando a Italia el sábado, en aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal de Roma.
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